Presenciamos un debate que realmente no es tal. En muchos foros de discusión parecería ser que la suerte ya estaba echada desde mucho antes. Están aquellos que, ante el tema de las empresas del estado, sostendrán a ultranza que deben permanecer en el estado. También existen otros que aprovechan cada oportunidad para ponerlas en manos de agentes privados. Estas posturas dejan en evidencia posiciones irreconciliables tomadas a priori.

              Muchos agentes están visceralmente decididos por una determinada posición, por los motivos que sean (legítimos o no legítimos, convenientes o inconvenientes) y luego buscan los argumentos que mejor les sirvan para fundamentar sus dichos y sus actos. Entrar en discusiones con estos supuestos, es conspirar contra la transparencia con la que deberíamos tratar el tema del futuro de las empresas del estado uruguayo.

              Preguntas como: ¿qué empresas del estado realmente necesitamos?, o ¿cómo podemos hacer para que funcionen mejor?, formarían parte de las interrogantes que no vale la pena siquiera formularse. Y menos cometer la imprudencia de tratar de contestarlas sin condicionamientos basados en posturas dogmáticas definidas mucho antes y con fundamentos que realmente no se ponen sobre la mesa.

              No habrá llegado la hora de cuestionarnos los beneficios y perjuicios que nos genera a todos los uruguayos la administración del patrimonio que heredamos para poder hacer un balance. Vale realmente preguntarnos sobre lo que debemos conservar y lo que debemos cambiar en organizaciones como ANCAP, ANTEL, BSE o AFE. Sin embargo, esas preguntas incomodan tanto y a tanta gente, que prudentemente dejan de formularse.

              En definitiva y aterrizando los ejemplos precedentes: ¿el país debe tener una empresa que fabrique y comercialice bebidas alcohólicas? ¿Por qué debo emplear obligatoriamente un servicio del Estado cuando quiero hablar por un teléfono fijo? ¿Tengo que contratar seguros laborales fatalmente con el estado? ¿Es necesario que el transporte de pasajeros por tren sea atendido directamente por empresas estatales?

              O bien y ya a modo de abierta queja: ¿por qué como ciudadano me obligan a pagar los combustibles más caros de la región? ¿Con qué derecho alguien decide que es justo que cada llamada por teléfono me cueste más de lo que vale producirla? ¿Por qué no confían en mí y me dejan elegir los seguros que me convienen? ¿Cuál es la razón por la que tengo que pagar por servicios empresarios del estado que no uso?

              Estas preguntas inoportunas e inconvenientes no están con la frecuencia necesaria en la agenda pública de los grandes debates nacionales. ¿No será que no le sirven a quienes sólo están pensando en cómo pueden mantener los beneficios que hoy tienen y no comparten? Se fortalecen cada vez mas las asociaciones de privilegiados para conservar esos beneficios, que si las miramos con atención son política, económica y socialmente inaceptables. Por no mencionar en términos más duros, que éticamente dejan bastante que desear.

              ¿Cómo podemos desbloquear esta situación en la que, por motivos tan diversos, se generan acuerdos tácitos de no decir y de no hacer entre agentes corporativos distintos? Surge naturalmente una pregunta clave para romper el bloqueo: ¿Cuál es el camino más apropiado para que los uruguayos que no formamos parte de la casta de los privilegiados, podamos analizar y resolver sobre nuestras asignaturas pendientes con las empresas del estado? El compromiso solidario, no ha llegado hasta ahora, más allá de las declaraciones.

              Debemos movernos para recuperar lo que estamos perdiendo. Hay criterios que pueden ayudar en la búsqueda de las mejores respuestas. Respuestas que vayan a lo esencial para justificar la existencia de cualquier organización construida por los hombres, para que sirva a los demás hombres. En esta línea de pensamiento vayamos al encuentro de aquellos fines que justifican la existencia de cada una de las empresas del estado.

              Por supuesto que se pueden desempolvar los fines específicos asociados a las cartas fundacionales de cada una de las empresas del estado. Por lo menos aprenderíamos qué ideas tenían en sus cabezas quienes las crearon. Pero si alzamos un poco las miras veremos que debería haber un fin superior que todos los demás y que resulta a su vez, comprensivo de todos ellos.

PARTE 2

              Ciertamente, no son poco importantes los fines que el legislador se propuso al definir qué esperaba de cada una de las empresas del estado. Sin embargo, hay un fin primordial que hace a la esencia de todas las organizaciones públicas del estado, y que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de todos los uruguayos. Así de simple. Si una empresa estatal contribuye a mejorar nuestra calidad de vida, entonces hay que cuidarla y si no lo hace, habrá que pensar en transformarla o deshacerse de ella. Así de complicado.

              Tenemos la obligación de usar el patrimonio acumulado en nuestras empresas pensando en términos de calidad de vida. Debemos hacer las reformas en las empresas del estado considerando como lograremos mejorar lo que hace y cómo se hace para vivir mejor. Debemos también hacer nuestros planes considerando qué cosas pueden ser hechas más eficientemente con otros medios para que todos los uruguayos vivamos mejor.

              La transformación de las empresas buscando revitalizar esa finalidad primera es lo que deberíamos considerar preferentemente. Buscar cambios estructurales que las pongan en condiciones de justificar realmente su propia existencia. Esto es haciendo por todos los uruguayos mucho más que lo que cualquier otra organización en su lugar pueda hacer, o por lo menos algo similar que lo que podrían hacer los agentes privados, si tuvieran su oportunidad.

              Deshacerse de parte del patrimonio nacional es también una opción. Nuestros bienes, aún aquellos mas queridos, están para servirnos a nosotros mismos y no al revés. En tal caso, siempre deberíamos pensar que ese cambio patrimonial agregue valor a la sociedad toda, procurando que lo que ahorraron nuestros padres lo multipliquemos al entregarlo a nuestros hijos, aunque para hacerlo debamos proceder a un cambio cualitativo en ese patrimonio.

              No hay que sacarle el cuerpo a las preguntas que permitan valorar lo que ya hemos hecho en los últimos años. ¿Eliminar por lo menos parcialmente, el monopolio de los seguros mejoró nuestra calidad de vida o la empeoró? ¿Haber abierto a la competencia los servicios de telefonía móvil nos perjudicó o nos benefició? Allí los resultados evaluados profesionalmente pueden arrojar luz sobre lo realizado.

              De igual manera, tampoco hay que ponerle mala cara a las preguntas que permitan valorar lo que deberíamos hacer. ¿Qué perdemos y qué ganamos al profundizar en la asociación de las empresas del estado con empresas extranjeras? ¿Fabricar combustibles exclusivamente en Uruguay en la órbita del Estado manteniendo el monopolio mejora nuestra calidad de vida o la compromete?

              El gran desafío consiste en transformar las ideas para mejorar en acciones para estar mejor. La dificultad radica en que la cultura de defensa de la calidad de vida cuenta con pocos líderes capaces de generar opciones reales de cambio. Se habla mucho más de lo que realmente se hace en términos de calidad de vida. La verdad permanece todavía convenientemente oculta para la mayoría, porque se rozan intereses muy fuertes

              Aún con un buen diagnóstico y un adecuado plan de acción, cambiar no será sencillo. La fuerza de los hechos genera condiciones que permiten mantener organizaciones que hacen daño a la sociedad, mucho más allá de lo aconsejable. Se consolidan centros de poder sectoriales, que marcando fuertemente su presencia, bloquean cualquier cambio. Sin embargo, no podemos mirar el problema como algo ante lo que nada debemos o podemos hacer.

              Si cuando pretendemos cambiar radicalmente la forma poco eficiente de trabajo en una empresa pública o derribar un monopolio que nos obliga a todos a pagar de más por un servicio, las voces de protesta de los sectores afectados directamente son las únicas que se hacen escuchar, entonces estaremos condenados a perpetuar lo que nuestros padres construyeron, pero renegando de nuestra obligación de entregarlo mejorado a nuestros hijos.

              Afortunadamente, la presencia de una seria crisis estructural en la región, nos está empujando a replantear lo que somos y lo que queremos ser como país productivo. Contamos para nuestro bien, con una clara imagen de un futuro posible obviamente no deseado, mirando lo que les está pasando a los hermanos argentinos. El tiempo pasa rápidamente y los debates deben dar lugar cuanto antes a las definiciones.

              Esperar que las empresas del estado cubran nuestras expectativas de vivir mejor con pequeños cambios, constituye un acto de voluntarismo que el devenir de los hechos, en muy poco tiempo, procederá a sancionar.

Por Carlos A. Petrella Ingeniero de Sistemas, MBA. Consultor en procesos de transformación institucional

Carlos A. Petrella es Ingeniero en Computación de la Universidad Mayor de laRepública (Uruguay) y tiene una maestría en negocios y una maestría eneducación en la Universidad Católica de Montevideo.

Carlos Petrella un investigador con más de 20 años de trayectoria encuestiones relacionadas con el cambio organizacional y con al educación conamplios conocimientos de cultura organizacional y proyectos de cambio.

Ha dictado múltiples Conferencias en Congresos y Universidades, ha realizadopublicaciones en diversas revistas especializadas y es autor de ocho libros sobre organizaciones, educación y arte.