Ningún problema de la política económica contemporánea, es tan crucial y complejo como el considerar la privatización y la reforma del sector público de una economía. Estos aspectos de la política pública, se encuentran íntimamente relacionados con los grados de intervención económica del estado y con la regulación de los mercados. También se hallan orgánicamente vinculados a otros aspectos, tales como la asignación óptima de los recursos públicos, la provisión de los bienes públicos, y la distribución de la riqueza de la sociedad.

Uno de los rasgos de la ideología neoliberal es el dogma de las privatizaciones. Las privatizaciones como imperativo absoluto, sin discusión, sin reflexión, sin discriminaciones, sin discernimiento acerca de qué bienes colectivos conviene –por su peculiar índole, por su peculiar funcionamiento, por el peculiar ámbito de la economía en que se encuentra- transferir a la actividad privada.

Privatizaciones, sin más, a cualquier precio, de cualquier modo, cualesquiera sean las consecuencias, cualesquiera sean los efectos y costos sociales, y su impacto sobre el bien común.

A continuación definimos que es la privatización, siendo éste un término que se utiliza para expresar y abarcar una gran variedad de ideas; es extraordinariamente ambiguo. Expresa una gran multitud de conceptos de diversa amplitud y profundidad.

Mas adelante nos adentramos en el contexto mundial y en América Latina en el cual se hicieron las privatizaciones en nuestro país.

También veremos el proceso de privatización en Inglaterra y porque tuvo una gran influencia en las privatizaciones que se realizaron en nuestro país anterior a la década de los noventa y porque muchas de las privatizaciones fueron realizadas por presiones con el F.M.I.

Analizaremos el por qué de las privatizaciones, cuales fueron las causas o los motivos que las impulsaron.

Veremos las privatizaciones realizadas en los gobiernos del Dr. Raúl R. Alfonsin y del Dr. Carlos S. Menem.

Y por último, haremos una comparación entre dos años de privatizaciones y para concluir tomaremos "Segba y Entel" como dos casos prácticos para analizar.

La palabra "privatización" es un término que se utiliza para expresar y abarcar una gran variedad de ideas. En general, puede decirse que la palabra privatización es un término extraordinariamente ambigüo. Expresa una gran multitud de conceptos de diversa amplitud y profundidad.

 El término "privatización" constituye, pues, de hecho, una aceptación muy amplia en la que se engloban desde el sentido estructural de a quién pertenece una empresa, hasta el punto de vista sustantivo, de como se llevan a cabo las actividades de una empresa dentro de la disciplina de las fuerzas de mercado.

 La privatización abarca y comprende una amplia gama de posibilidades que van desde la total desnacionalización en un extremo hasta la completa sujección a la disciplina del mercado en el otro. Se ha descrito frecuentemente como un término paraguas, que incluye una gran diversidad de políticas ligadas únicamente por el hecho de implicar un reforzamiento del mercado en detrimento del Estado o del sector público. Comprende, por lo tanto, desde el cambio de propiedad de la empresa del sector público al privado, pasando por la liberalización o desregulación de las actividades previamente restringidas al sector público, hasta la provisión de bienes y servicios en determinadas condiciones, por empresas del sector privado antes adscritos en exclusiva al sector público.

 III. RAZONES DE LA PRIVATIZACION

No resulta tarea fácil exponer los motivos determinantes de la privatización. Efectivamente, no existe, en general, una exposición sistemática de los mismos, sino que hay que extraerlos de los discursos ministeriales, de los debates parlamentarios y de un país a otro, y aún dentro del mismo país, varían de una época a otra. Además, los argumentos que se suelen esgrimir para justificar la privatización son muy diversos cuando no diametralmente opuestos. Por todo ello, es bastante complejo proporcionar un cuadro general y sistemático de los mismos.

 Sin embargo, una primera serie de motivos podrían agruparse bajo la denominación de razones de tipo ideológico. Razones de esta naturaleza, son particularmente intensas y explícitas en Gran Bretaña y Francia. Se trata, fundamentalmente, de un sentimiento anti-Estado o anti-sector público, que pretende hacer retroceder la participación estatal en la vida económica, puesto que su intervención erosiona la responsabilidad personal y minimiza la iniciativa individual. En Francia, consiste en una tendencia en contra del dirigismo o Colbertismo, y en Gran Bretaña, se trata de una reacción, en contra del semi-colectivismo de la era de la posguerra. Esta corriente anti-estatal es común también, aunque con mucha menor intensidad, a otros países europeos, aunque no tiene mayor importancia en Italia, España, Bélgica o Alemania.

 Otra razón de tipo ideológico, podría ser también la creencia de que las empresas públicas y los servicios proporcionados por el Estado, limitan la elección de los consumidores, al disfrutar de posiciones de monopolio dentro del mercado. Y finalmente, podría también considerarse como razón ideológica, el deseo y la intención expresada por muchos gobiernos de fomentar un "capitalismo popular", haciendo partícipes de la propiedad de las empresas privatizadas a sus empleados. Esta intención ha dado muy buenos frutos en determinados casos, y ha constituido un rotundo fracaso en otros.

 Otro segundo grupo de razones podrían aglutinarse bajo la denominación de motivos de tipo económico. Estos motivos son de diferente alcance y pretensión, según los distintos países. Así, en Inglaterra se pretende lograr, por medio de la privatización, un cambio definitivo en las estructuras de la economía. En Francia entre 1986 y 1988, en cambio, se pretende conseguir un cambio en las reglas del juego de la economía. En ambos casos, las finalidades son muy ambiciosas y de alcance muy general. Se trata de proceder a una liberalización de prácticamente todos los mercados y conseguir así competitividad en todas las empresas, evitar los monopolios, y alcanzar una mayor eficacia.

 Otra razón de carácter económico, la constituye precisamente, el objetivo de lograr una mayor eficacia sometiendo las empresas estatales a la disciplina del mercado. Se trata, en definitiva, de enfrentarlas con las sanciones que la economía de mercado implica, tales como la amenaza de quiebra y el peligro de la absorción. Pero esto supone, naturalmente, partir del principio de que las empresas públicas son mucho menos eficientes que las empresas pertenecientes al sector privado, lo cual, es tan solo, probablemente, una verdad a medias, o válida solamente en determinados casos.

 Una razón más, también, de tipo económico, esta constituida por el objetivo de conseguir, por medio de la privatización, una racionalización de la cartera de activos de la empresa privatizada y una reorganización de las estrategias de inversión. Este motivo, precisamente, ha sido el que ha impulsado diversos procesos de privatización del Instituto Nacional de Industria en España.

 Otra razón, ésta de tipo socioeconómico, estriba en que las presiones fiscales son mucho más fuertes sobre las empresas del sector público que sobre las del sector privado, y con sus excesivas exigencias sobre el nivel de salarios, alto nivel de empleo y trabajo ineficaz, hacen casi imposible su saneamiento financiero.

 Y un motivo más para privatizar, muy ligado a los de tipo económico, lo constituye la reorganización de la "dirección" de las empresas públicas. Efectivamente, la privatización puede facilitar la superación de las incoherencias directivas de estas empresas, y poder proceder a una racionalización de sus estructuras directivas, viciadas frecuentemente por factores políticos. Sin embargo, experiencias muy recientes en Francia, España e Italia han demostrado que no es preciso poner en marcha, para ello, un proceso de privatización, puesto que estos objetivos pueden alcanzarse perfectamente dentro del mismo sector público, sin necesidad de transferencia de propiedad alguna.

 Otro tipo de razones para privatizar, está constituida por los factores de carácter financiero. Es evidente, que la venta de los activos pertenecientes a empresas estatales constituye una fuente de ingresos muy importante, que pueden ingresarse en las áreas del Tesoro. De todos modos, constituye un tema muy delicado, que exige una administración rigurosa.

 Otro motivo de este tipo, lo constituye también el hecho de que la privatización facilita enormemente el acceso a los mercados de capitales internacionales de una forma mucho más rápida y directa.

 Otra razón, también de carácter financiero, la constituye el hecho de que al procederse a la privatización de una empresa estatal, se cortan de raíz los subsidios y subvenciones que se les estaban concediendo a empresas casi constantemente deficitarias.

 Y una razón más de tipo financiero, consiste en que el proceso de privatización es capaz de ampliar el mercado de valores, introduciendo en él a muchos y nuevos inversores, y profundizarlo, a la vez, mediante al acceso al mismo de importantes empresas con fuertes posiciones en el mercado.

 Otros argumentos de diversa índole, que aconsejan proceder a la privatización, son los siguientes: En primer lugar, cuando una empresa pública ha sido creada o nacionalizada en su día, para conseguir el logro de determinados objetivos, y estos han sido ya alcanzados, o no interesa ya su realización, esta empresa puede ser perfectamente privatizada. En segundo lugar, una empresa puede privatizarse con el fin de aligerar una carga administrativa que resulte demasiado pesada para el Estado, ya bien sea por la falta de medios de la Administración, o por la falta de personal capacitado. Ambos motivos de privatización son muy frecuentes en países en vías de desarrollo.

 Es evidente que resulta muy difícil deslindar entre las razones o motivos de la privatización, y los objetivos que se persiguen al ponerla en práctica. Es casi imposible, en efecto, distinguir con claridad entre el por qué de la privatización y el para qué de la misma. Ambas consideraciones se encuentran íntimamente relacionadas y totalmente imbricadas en su origen y desarrollo. Unas veces, la una es primero, y la otra después, o a la inversa, o simplemente, las dos son la misma cosa.

 No obstante, de forma totalmente ideal, pueden establecerse ciertos objetivos o fines a alcanzar en todo programa de privatización, que resulten claramente autoevidentes. Estos serían los siguientes, muy esquematicamente bosquejados:

 1) Que las decisiones de dirección y de gestión de las empresas privatizadas resulten completamente despolitizadas.

 2) Conseguir una mayor eficiencia en el rendimiento de las empresas privatizadas.

 3) Alcanzar un mayor grado de competitividad en las empresas, liberalizando el mercado, para, precisamente, así obtener una mayor eficacia.

 4) Procurar que los bienes y servicios proporcionados por las empresas privatizadas expresen los costes reales.

 5) Que las inversiones realizadas reflejen el verdadero coste del capital utilizado.

 6) Incrementar los fondos del Tesoro mediante la venta de los activos públicos.

 7) Evitar el despilfarro que supone el mantenimiento de subvenciones continuas a empresas con pérdidas permanentes, y cortar así el déficit del presupuesto.

 8) Ampliar el mercado de capitales permitiendo el acceso al mismo de nuevos inversores.

La elección de una u otra modalidad dependerá de los objetivos que se persigan y del tipo de actividad económica que se considere. Sin embargo, pueden originarse situaciones conflictivas entre los objetivos a alcanzar en el proceso de privatización, especialmente entre los objetivos financieros y las posibles mejoras de la eficiencia. En efecto, el valor de los activos públicos en venta, es mayor cuanto mayor sean los privilegios monopolísticos que la empresa privatizada, o en proceso de privatización, retenga en su poder. Pero, entonces, en este supuesto, el objetivo de la eficiencia no se logrará, puesto que, de esta forma, el monopolio privado podrá fijar los precios a unos niveles superiores al coste marginal. La ausencia de competencia, en este caso, impedirá el mejoramiento de la eficiencia productiva.

 Existen básicamente cinco métodos para proceder a la transferencia de la propiedad de una empresa pública. Estos son:

a) La venta directa

 Esta forma de privatización, generalmente bastante extendida, consiste simplemente en la venta global de la empresa pública a una compañía perteneciente al sector privado. Esta forma de venta es muy usual y se practica para la mayoría de los países. Este tipo de ventas directas se suelen producir a iniciativa del gobierno, aunque, en ocasiones, son las compañias privadas las que realizan sus propuestas de compra en cuanto se pone en marcha un programa de privatización.

 b) La oferta de venta pública

 Este procedimiento de privatización, especialmente puesto en práctica por los países industrializados, constituye la fórmula mas ampliamente extendida de transferencia de la propiedad de la empresa pública. Sin embargo, la complejidad técnica de sus fases de preparación y posterior desarrollo, restringen su utilización a las empresas estatales de mayor magnitud. Entre los objetivos que suelen perseguir los Gobiernos al poner en práctica una oferta de venta pública, figura el alcanzar una "democratización" del accionariado de las principales industrias del país. Este deseo de promover un "capitalismo popular" tiene por finalidad, fundamentalmente, el crear grupos de interes favorables a la privatización, evitar la excesiva concentración de capital y demostrar que el proceso de privatización no pretende favorecer únicamente a determinados grupos económicos fuertes, estableciendo una oligarquía. Por otra parte, la participación popular en el capital social de la empresa pública privatizada, puede constituir también un poderoso instrumento de protección contra una posible renacionalización en el futuro.

 Esta forma de privatización es también la más compleja desde el punto de vista técnico. Los riesgos que se derivan de una oferta pública de venta, tanto para el Gobierno como para los pequeños ahorradores que pretenden atraer, exigen que se seleccione cuidadosamente a la empresa que se pretende privatizar a través de este procedimiento. En efecto, promocionar una oferta pública de una empresa que se encuentra en dificultades financieras, puede resultar muy difícil y arriesgado. Incluso puede también resultar preciso el proceder a la restructuracióin financiera de la misma, con la consabida consecuencia de despidos, reformas estructurales, etc. Todo ello se evitaría si la empresa disfrutara de una situación financiera saneada.

 Por otra parte, la posición de la empresa en el mercado puede originar ciertas dificultades. En efecto, si se privatiza una empresa que detenta una posición de monopolio en nombre del interés público, al privatizar una empresa de este tipo los beneficios van a parar, efectivamente, a los accionistas privados, por lo que podrían ser considerados como una explotación del consumidor. Todo lo cual, entraña la necesidad de promulgar una serie de normas que establezcan un control sobre los precios y los beneficios.

 Por otro lado, si la empresa estatal objeto de oferta pública de venta, no es monopolística, este tipo de problemas no se presentan. Los beneficios se contemplan como una prueba de la eficacia operativa de la empresa, y no se hace precisa la existencia de una regulación de la actividad de la misma.

 Este método ha sido aplicado especialmente en Inglaterra y Estados Unidos.

 c) Adquisiciones de empresas por su personal

 Las compras de empresas estatales por parte de sus directivos y empleados constituye otro método de privatización que tiene cierta importancia en numerosos países, pero de forma especial en Inglaterra. No obstante, este procedimiento de privatización, que teóricamente parece sencillo y adecuado, no deja de ofrecer en la práctica ciertos problemas, como la valoración de los activos, la reestructuración de la empresa, y con toda probabilidad, una serie de cuestiones de tipo socioeconómico. El ejemplo más significativo y a la vez de mayor éxito, fue la adquisición por parte de sus directivos y personal en general, de la National Freight Corporation en 1982, que sirvió de precedente a otras muchas ventas similares que le siguieron en este país, como la British Leyland y alguna más. Este método también se ha utilizado en otros muchos países, entre ellos Canadá, Francia e incluso Turquía.

 d) Venta de acciones y activos públicos

 La venta de acciones y activos públicos a compradores del sector privado, sean estos entidades o particulares, constituye la forma de privatización más generalmente utilizada en los países menos desarrollados, precisamente por su sencillez y rapidez.

 Esta modalidad de transferencia de la propiedad de la empresa, puede adoptar dos formas: Una, la venta total del patrimonio de la empresa; otra, la venta de cierto número de activos públicos, normalmente realizada a través del procedimiento de licitación.

 Cabe resaltar el hecho de que la posibilidad de participación minoritaria en la propiedad de la empresa, constituye un acontecimiento mucho más frecuente y casi general, en este tipo de transferencias.

 e) Incrementos del capital no suscrito

 Un incremento de capital que no se encuentra abierto a la suscripción para la mayoría del público accionista, permite la posibilidad de acceso a la propiedad de la empresa, a inversores privados y particulares. Se trata, pues, de una transferencia parcial del capital de la empresa. Su existencia se justifica por el hecho de que la mayoría de los posibles compradores carecen de recursos financieros suficientes para cubrir esta ampliación. Su práctica es relativamente frecuente en los países en vías de desarrollo.

a) Concesión

Una concesión implica el traspaso de poderes del concedente (la administración) al concesionario (un particular). Existen dos modalidades. 1) La concesión de servicios públicos en la que el Estado encomienda a un particular la organización y funcionamiento de un servicio público por un determinado lapso. La retribución del concesionario es el precio pagado por los usuarios. 2) La concesión de obra pública: la administración contrata a una empresa para la realización de la obra a la que no le paga un precio por ella sino que le otorga por un plazo determinado la explotación de la obra que se construye.

Las concesiones pueden ser onerosas o gratuitas e incluso subvencionadas en el caso de actividades no rentables. En los casos de modalidad onerosa, en general los concesionarios pagan al Estado un canon cuyo monto, forma y regularidad de pago se establecen en los contratos.

El pago del canon no implica en sí mismo una transacción de balance de pagos, ya que es una operación entre una empresa residente y el Estado. Sin embargo, cuando en un consorcio participan inversores extranjeros, el mismo es tomado como una empresa de inversión directa. Por lo tanto, las utilidades que genera se registran en la cuenta corriente y los flujos de reinversión, aportes de capital, deuda con matrices y cambios de manos se incluyen en la cuenta financiera.

En este tipo de contratos, los sectores más dinámicos fueron los de comunicaciones (Televisión y radio), construcción de rutas y caminos, y transporte terrestre. La aplicación de esta modalidad se inició en 1990 cuando se privatizaron a través de concesiones, rutas nacionales y dos canales de televisión estatales.

b) Franquicia

 Las franquicias constituyen otro instrumento de privatización, que consiste fundamentalmente en la concesión, casi siempre con carácter exclusivo, de la prestación de un servicio público a una entidad privada. Una franquicia en exclusiva consiste en un adjudicación de privilegios monopolísticos a una empresa privada para que proporcione un servicio determinado, con precios regulados por una dependencia del Gobierno.

 En este procedimiento de privatización, como en el método de la contratación pública, el gobierno es el ordenante y una entidad privada es la productora. Sin embargo, ambos sistemas se diferencian por la forma de pago al productor. El Gobierno es el que paga al productor en el caso de los bienes o servicios contratados, y en cambio, en el supuesto de la franquicia, es el consumidor el que paga al productor por los bienes o servicios prestados.

 El sistema de franquicia es particularmente aplicable en aquellas circunstancias en las que el Gobierno desea controlar las características del servicio, o aquellas otras en las que la financiación se realiza a través de subvenciones gubernamentales. En este sentido, sectores, tales como los transportes, en general, líneas aéreas, etc. son los candidatos ideales para la aplicación de esta modalidad.

 Aunque no sin problemas, la franquicia constituye un procedimiento muy atractivo para compaginar la eficiencia y la competitividad. De hecho, se han conseguido logros muy importantes en la provisión de ciertos servicios, como el de la recogida de basuras, servicios de limpieza, etc. Sin embargo, en otros sectores que presentan por lo general dificultades de regulación, y de un peso económico muy importante, tales como el agua, energía, etc., la fran quicia plantea problemas de cierta consideración.

c) Concursos de contratación pública

 Se trata de una concepción de la privatización, considerada desde un punto de vista mucho más amplio que el expuesto en la sección anterior. Ahora, se trata ya de contemplar, no la transferencia de la propiedad de la empresa pública al sector privado, sino de proceder a la privatización de la actividad de la propia empresa pública. Es, pues, una perspectiva mucho más amplia.

 En este sistema de contratación pública, la empresa privada es la productora del bien o servicio, y el Gobierno el ordenante. En este método de contratos públicos, el Gobierno es el que: 1) Expresa las demandas de bienes y servicios públicos solicitadas democráticamente; 2) Inspecciona la provisión de los bienes y servicios por parte del sector privado; 3) Proporciona el pago de tales servicios al contratista.

 La decisión de contratar con empresas privadas la provisión de servicios públicos o cualquier otra realización, no significa, en modo alguno, un fracaso de la actividad gubernamental, sino simplemente que se busca la manera de conseguir mejores logros mediante el aprovechamiento de las capacidades especializadas del sector privado.

 Esta experiencia de privatización ha sido practicada, especialmente, por Estados Unidos, Inglaterra, gran parte de Europa Occidental y Japón y ha originado un extraordinario éxito de ahorro de los costes, que a nivel municipal han llegado a alcanzar incluso del orden del 40 al 60 por cien en USA.

 Este método de privatización es el más simple de todos. Por medio de él, el Gobierno se limita a derogar las normas que impedían a la iniciativa privada competir con el monopolio estatal. Con frecuencia la desregulación no consiste solamente en suprimir regulaciones preexistentes, sino también en promulgar una nueva normativa destinada a modificar las condiciones de la competencia en un mercado determinado.

 La desregulación desempeña un papel muy importante en la liberalización de las restricciones existentes que condicionaban o impedían la entrada en un determinado mercado. Si el mercado que se liberaliza es perfectamente competitivo, las ganancias que se obtienen en la eficiencia de la asignación de recursos, indudablemente, se producirán. Sin embargo, se ha recomendado la regulación, o incluso la nacionalización, en la circunstancia de un mercado de monopolio natural, como remedio para conseguir unos precios óptimos y una asignación de los recursos eficaz. Esta opinión no es siempre compartida, señalándose el hecho de que retirar las barreras que obstaculizan la entrada en el mercado constituye un instrumento mucho más eficaz que proceder a su regulación. (Baumol, 1986, p. 38).

 Debe ponerse de relieve, no obstante, que estas observaciones críticas a la regulación, no se refieren a la regulación en si misma considerada, sino más bien a la forma en que esta se pone en práctica. Es necesario, pues, establecer unos modos de regulación que, teniendo en cuenta sector por sector, y mercado por mercado, se adaptan plenamente a la realidad de cada caso concreto.

VI. EFECTOS DE LA PRIVATIZACION

 El proceso de privatización debe contemplarse desde la perspectiva de ver hasta donde es capaz de llevar a cabo la consecución de sus dos objetivos más importantes, que son: el mejoramiento de la situación financiera del Estado, y el incremento de la asignación y la eficacia productiva de la economía. El logro de estos dos efectos macroeconómicos puede muy bien reflejar la situación financiera y competitiva de cada una de las empresas en particular.

 a) Efectos sobre la eficiencia económica de la empresa.

 En primer lugar, desde el punto de vista teórico, puede alcanzarse la conclusión de que los mecanismos del mercado de capitales y la exigencia de obtener unos beneficios para satisfacer a los accionistas, constituyen un sistema más seguro y rápido para estimular la rentabilidad de una empresa, y no la concesión de subvenciones e inversiones realizadas por el gobierno, que a falta de su coherencia, en la mayoría de los casos, suelen ser dirigidas a satisfacer necesidades políticas a corto plazo, más que a motivos de rentabilidad a largo plazo. Además, al ponerse en práctica una gestión del personal más flexible y eficaz, y al enfrentarse también competitivamente con otras empresas del sector, constituyen factores, que contribuyen a una mejor eficiencia operativa y económica de la empresa.

 Sin embargo, en la práctica, no se puede formular con carácter general el principio de que el sector público sea más ineficiente que el sector privado; lo que ocurre es que el primero se encuentra mediatizado en su actuación por una serie de factores políticos extraeconómicos, incluso conflictivos entre sí, la mayoría de las veces. Por otra parte, no pueden aplicarse métodos científicos de comprobación generalizada, puesto que resulta imposible que la prestación de un mismo servicio sea gestionada a la vez por el sector público y el sector privado y en las mismas circunstancias, por lo que la diferencia en el rendimiento puede ser debida a factores exógenos a la economía.

 Lo único que puede decirse, en términos objetivos, es que los burócratas tienen menos probabilidades de gestionar correctamente una empresa, que los empresarios del sector privado. Pero, como sucede en las principales cuestiones políticas, ésta afirmación es más materia de opinión que principio general riguroso.

 b) Efectos sobre la situación financiera del Estado.

 Es evidente, que la privatización consiste no solo en un programa político y económico, sino que también supone una transacción financiera. Y esta transacción financiera puede revestir diversas características y ser de una cuantía y magnitud muy diferentes.

 En muchas privatizaciones, la cantidad de dinero que pasa del sector privado al público es muy pequeña, y las ventajas financieras para el Gobierno son muy a largo plazo y casi intangibles. Pero, sin embargo, en las ventas importantes de bienes públicos tienen un efecto inmediato y directo sobre el presupuesto fiscal y la deuda pública. En efecto, en la práctica, las principales ventas que se han realizado, tales como British gas, en Gran Bretaña, Paribas, en Francia, etc..., el impacto presupuestario inmediato fue enorme.

 Sin embargo, una vez realizada la venta, sus resultados deben incluirse inmediatamente en el presupuesto, con el fin de evitar serios problemas financieros para el Gobierno. Caso de no hacerse así, puede originarse un ritmo en el proceso de privatización artificialmente alto, que desemboque, en ocasiones, en un cierto despilfarro financiero.

 c) Efectos sobre el mercado de capitales.

 En primer lugar, todo proceso de privatización genera una enorme expansión de los mercados financieros, al introducirse en él nuevos inversores.

 En segundo lugar, otro efecto positivo de la privatización, consiste en que el volumen de capital del mercado de valores ha experimentado un enorme auge que ha cristalizado en un aumento de las carteras de inversión de las entidades financieras, y en una capitalización general del mercado.

 Finalmente, otro tercer efecto positivo del proceso de privatización, estriba en la profundización del mercado, permitiendo el acceso o introduciendo en el mismo, a compañías privadas, que de otra forma no podrían acudir a él. La disponibilidad de fondos de financiación, se ha incrementado enormemente en aquellos países en los que se han llevado a cabo las privatizaciones.

 Por último, simplemente poner de relieve que en todo proceso político de poner en marcha la privatización, debe de fomentarse y estimularse que los activos públicos en venta se distribuyan entre el mayor número posible de nuevos inversores, y esto, no por razones de justicia y expansión del mercado solamente, sino, sobre todo, por propio interés político y económico para que el proceso privatizador pueda llevarse a cabo, favoreciendo la creación de grupos de intereses comprometidos directamente en el proceso de privatización.

 d) Efectos sociales de los programas de privatizaión.

 Su principal objetivo social consiste en incrementar el nivel de bienestar social, evitando la existencia de desequilibrios regionales. Entre estos objetivos redistributivos figuran la consecución de precios bajos, proporcionar salarios elevados, etc. Sin embargo, como norma general, puede afirmarse que las empresas estatales han fracasado en llevar a feliz término esta función social, especialmente, en lo que se refiere a las clases más económicamente débiles y desprotegidas.

 Por otro lado, los efectos sociales de la provisión de bienes y servicios por empresas privadas puede encontrarse condicionada por las siguientes razones:

 En primer lugar, si las ganancias derivadas de la reducción de los costes van a revertir a favor del consumidor o de los nuevos propietarios de la empresa, va a depender, tal como expresa la teoría microeconómica, del grado de competitividad al que la empresa privatizada se encuentre sometida.

 En segundo lugar, la reducción de los costes de la empresa como consecuencia de la modernización de las técnicas de producción y de la reducción de los salarios en el reajuste realizado, se traducirá en una simple transferencia de renta de los empleados de la empresa a los consumidores del bien producido.

 Y finalmente, el Estado utiliza frecuentemente a las empresas públicas para suministrar ciertos bienes de alcance general, tales como productos alimenticios básicos, agua, carbón, energía petrolífera, etc. o determinados servicios tales como el transporte por ferrocarril, transporte urbano, etc., pero a precios subsidiados, y por lo tanto, artificialmente bajos. En estas circunstancias, la privatización no conduce a un descenso de los precios, sino más bien a un ahorro en las cargas del presupuesto nacional. Esto puede permitir al Gobierno la posibilidad de utilizar estos recursos financieros en proyectos de tipo social, tales como la educación, la vivienda, y prestaciones sanitarias. Todo ello, no son más que consecuencias debidas al proceso de privatización.

 Por otra parte, otro aspecto muy importante del impacto social de la privatización, consiste en que se la ha utilizado como mecanismo para transformar a los trabajadores en propietarios de las empresas en las que desempeñan su trabajo. Esta extensión de la propiedad de la empresa entre sus propios trabajadores ha sido bastante considerable en Gran Bretaña.

Las privatizaciones son un fenómeno o tendencia que afecta a todos los países. Esta tendencia está inserta como una política de racionalización del Estado moderno, dentro del proceso global de transformación de las economías nacionales.

Los procesos de privatizaciones que se dan en la mayoría de las regiones, subregiones y países del mundo contemporáneo, obedecen a una intencionalidad de hacer más racional la acción de los gobiernos y hacer más eficaz el funcionamiento de los mecanismos de Estado.

En este contexto, en muchas realidades nacionales, están en desarrollo procesos de venta, de fusión y desincorporación de empresas públicas, así como la decisión de entregar actividades que tradicionalmente controlaba el sector público, como son: electricidad, petróleo, ferrocarriles, correos y telégrafos, agua potable y otras. Esta reducción de la actividad estatal, en la producción de bienes y servicios, responde como a un consenso de aceptar como inevitables las privatizaciones para reducir, así, las dimensiones y frenar las tendencia al crecimiento de la propiedad pública.

Con la crisis que sufren los países socialistas, y el desprestigio de la economía centralmente planificada, esta situación ha fortalecido las ideas neoliberales, entre las cuales destaca aquella que sostiene: "...las empresas públicas en general, no son reconocidas por su eficacia y buen desempeño económico." Por ello, se ha ido imponiendo la corriente ortodoxa de pensamiento que sugiere la venta, fusión, desincorporación y liquidación, en particular de las empresas industriales públicas. La justificación que se da en estos casos es la de ampliar o mantener el gasto social y no utilizar una parte importante del presupuesto nacional en el desarrollo de este tipo de empresas que compiten con las del sector privado.

Por otra parte, se plantea una posición con respecto a la política pública de redefinir el papel del Estado en materia de intervención en la economía nacional. Aquí surge toda una línea de acción para enfrentar la crisis; tal línea se sustenta en una comprensión neoliberal de reducir el sector de empresas públicas para ampliar la actividad productiva del sector privado; aunque la visión de este objetivo estratégico de la postura neoliberal se esconde tras la política de sanear las finanzas públicas para reducir el déficit fiscal.

Este objetivo estratégico definido en las políticas de estabilización y desarrollo, responde a una tendencia mundial que tiene connotaciones particulares, dado que tiene relación con el proceso de Globalización de los mercados, y de avance de la penetración del capital extranjero en las economías nacionales. Situación aprovechada por los empresarios privados que presionan al Estado y a los gobiernos para que la privatización signifique un proceso ajustado a una política económica y a un redimensionamiento del sector para estatal de la administración pública a una escala menor, como una forma de dar fuerza a toda una estrategia continental de ajuste y de reinserción en la economía mundial, así como de ubicación en una nueva regionalización de todos los países medianos y pequeños.

En América Latina, el proceso de privatizaciones se ha dado en un contexto político complejo.

Se puede decir que inicia con las dictaduras militares, surgidas en el cono sur durante la década de los años setenta, las cuales desmantelaron los sistemas de empresas públicas mediante la venta, fusión y liquidación de las mismas. Este proceso responde a una cierta forma de inducción proveniente de los países industrializados (del norte) que han puesto en práctica la política de privatizaciones como uno de los elementos claves para hacer avanzar sus programas estabilizadores y de reconversión industrial, así como fortalecer el proceso de Globalización. Además, los organismos financieros internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y la Banca privada internacional) han propiciado la privatización en todo el continente.

Las empresas públicas, en América Latina, han jugado un papel importante en el desarrollo económico y social, así como en la consolidación de los Estados nacionales e independientes de la región.

Sin embargo, la crisis de la deuda externa, los problemas actuales de modernización de la administración pública, la apertura comercial y el nuevo trato al capital extranjero, han creado condiciones en muchos países latinoamericanos para impulsar las privatizaciones como un proceso de aprendizaje y modernización productiva que pretende cambiar décadas de intervención del sector público en la economía de cada realidad nacional del área; sin embargo ". Se reconoce la necesidad de encarar pragmáticamente este tema, también se quiere destacar que la discusión, con frecuencia, no toma debida consideración de la conveniencia y de las dificultades para privatizar empresas públicas."

Los "altos costos" de la carga social fueron duramente criticados por la derecha "ultra". La Sociedad Mont Pelerín, fundada por Hayek en la inmediata postguerra y difundida dogmáticamente desde Chicago por Friedman. Efectivamente, un nuevo contexto mundial -en especial la crisis del petróleo - y en concurrencia la pérdida de rentabilidad, más una despiadada política internacional en materia financiera, marcaron las economías europeas. EE.UU. con Reagan e Inglaterra con la señora Thatcher, impulsaron la doble demonización: 1) la del "imperio del mal" representado por la URSS y sus países satélites, cuyas economías burocratizadas y centralizadas no funcionaban y eran incapaces de sostener una competencia estratégica a nivel armamentístico. La implementación del sistema de defensa llamado "guerra de las galaxias" marcó un hito fundamental en esta batalla que, finalmente, ganó EE.UU. con la implosión de la URSS; 2) La del Estado benefactor, comenzando por Inglaterra. Privatizaciones salvajes, desregulaciones económicas y laborales. Recortes y privatización de la Seguridad Social. Cuidadosamente programada, lo que se ha dado en llamar "una ideología económica" del mundo a aplicar "fuesen cuales fuesen las condiciones y las culturas del lugar", tiene como componentes: estabilidad de precios, equilibrio presupuestario, desregulación y privatizaciones a ultranza, libertad absoluta de movimientos de capitales, competitividad descargada de la "ganga" social, etc.

Universalizada, y aplicada duramente a través de los organismos internacionales bajo su control en todo el mundo, esta doctrina de nueva ("neo") no tienen absolutamente nada; ha concentrado hasta límites no concebibles hace treinta años la riqueza y extendido por todo el planeta la pobreza, generando una inestabilidad permanente en las economías de los países dependientes -ahora llamados "economías emergentes" y sembrando incertidumbres políticas y desastres sociales de los que no están a salvo los propios países centrales, que abierta o silenciosamente la han impulsado.

Puede hablarse de las privatizaciones como una tendencia de la política económica seguida por los diferentes países, es evidente que el inicio de tal tendencia como fenómeno significativo hay que situarlo en Gran Bretaña, donde ha constituido la pieza emblemática del "thatcherismo" ya desde los primeros años 80. Y tanto en Gran Bretaña como en otros paciesen que la política de privatización ha tenido una cierta entidad, está no se ha limitado al venta total o parcial de empresas públicas al sector privado, sino que, además, los programas se han extendido a dos tipos de medidas: la desregulación de determinadas actividades (acompañada a veces de la eliminación de monopolios legales) y a la introducción de criterios "mercantiles", de mercado o de "empresa privada" no solo en la gestión de empresas públicas sino también en determinadas áreas de la Administración Pública.

Respecto de las privatizaciones en sentido estricto (la venta de empresas públicas, o de una parte se sus acciones, al sector privado). El argumento principal de los gobiernos que la han impulsado ha sido el de la mejora de la eficiencia económica ha sido probablemente uno de los más utilizados; basado por supuesto en la idea de que la titularidad pública de las empresas iba en muchos casos acompañada de una gestión ineficiente.

No obstante, la evidencia empírica ha ido mostrando que los gobiernos parecen haber perseguido una cierta mezcla de objetivos con las privatizaciones. Y así, junto a la idea de que la gestión privada (o el sector privado, o la iniciativa privada) es más eficiente que la gestión estatal y que por lo tanto conviene reducir el peso económico del Estado, se observan también objetivos como el de aliviar el déficit fiscal mediante la venta de empresas públicas o el de "disciplinar" a los trabajadores y usuarios de determinadas empresas públicas fuertemente deficitarias, pasándolas a las reglas de juego habituales en las relaciones de mercado; (esto tiene que ver directamente con la idea que reúne un relativo consenso de que las reivindicaciones sindicales tienden a ser más radicales y exitosas frente a las empresas públicas que frente a las privadas).

Por otra parte, no todos los programas de privatizaciones han sido llevados a cabo por gobiernos conservadores como el de Thatcher en Inglaterra o el de Chirac en Francia. Ha habido, por ejemplo, importantes en Italia, con un gobierno de coalición; en México, con el gobierno del Partido Revolucionario Institucional; y en España, con el Partido Socialista en el gobierno.

La conclusión general que puede extraerse de las experiencias de diferentes países es que bajo la etiqueta privatizaciones se engloban medidas o acciones bien distintas, aunque con el objetivo común de disminuir al implicación de los poderes públicos en la actividad económica

Esta es la forma estricta de privatización y representa efectivamente el grueso de las operaciones realizadas en países como Gran Bretaña, Francia, España o Argentina. En unas ocasiones la transferencia de propiedad es total mediante la venta en bloque de la empresa a un grupo privado, como en loa casos de las españolas SEAT, Maquinista o ENASA y el de la Argentina Aerolíneas Argentinas. La otra modalidad ha consistido en la venta de acciones en bolsa respecto a determinadas empresas públicas, reservándose generalmente el Estado un porcentaje de capital minoritario. Esta ha sido la vía de privatización típica de Gran Bretaña y Francia (donde no hay que olvidas que los respectivos gobiernos conservadores tenían el propósito programático de fomentar un cierto accionario popular mediante las privatizaciones), en la que destacan casos como los de British Gas, Bitish Telecom., Saint-Gobain y la Societé Genérale; y es una opción que también se ha seguido en España con respecto a empresas públicas que venían siendo claramente rentables , como son los casos de REPSOL, EMDESA o ENCE.

De igual forma han sido importantes las privatizaciones parciales en las que el Estado mantiene la mayoría del capital. De este tipo son todas las llevada a cabo en Austria y en Italia, así como las programadas en Francia durante la etapa de gobiernos socialistas y los casos españoles en que se han sacado a bolsa paquetes de acciones, como el de REPSOL, EMDESA y ENCE, entre otras.

Este segundo tipo de operaciones de privatización ha consistido en la desregulación o desmonopolización de actividad de la empresa pública, posteriormente acompañada o no de transferencia de propiedad al sector privado. Lo que más destaca en estos casos de grandes empresas públicas es la política de liberalización de servicios públicos, siguiendo un proceso que responde al siguiente esquema-tipo: Eliminación del monopolio legal a favor de la empresa pública, si ese era el caso; pasar a organizar la empresa como sociedad anónima, o como varias sociedades anónimas –una para cada actividad diferenciada- agrupando estas en un holding; y, sobre esta nueva base jurídica, establecer criterios de gestión de empresa privada. Simultánea o posteriormente, este proceso es o no completado en el sentido jurídico de la propiedad, sacando el Estado a Bolsa acciones de la nueva empresa. Casos importantes de desregulación / privatización han sido la antigua compañía de autobuses británica, al British Telecom. Y la mayor parte de las operaciones de privatización llevadas a cabo en Venezuela.

Algunos expertos ponen en duda, no obstante, que pueda hablarse en realidad de desregulación en estos casos. Simultáneamente a la privatización / desmonopolización se han creado oficinas estatales específicas encargadas de la regulación del respectivo sector, ante la evidencia de que , desde una perspectiva social, las actividades no podían dejarse al resultado del juego del libre mercado.

Como parte de la amplia corriente privatizadora, hay que destacar una variante de lo anterior, consistente en la simple adopción de formas y / o de gestión privados (mercantiles) para determinadas empresas públicas que generalmente se mantiene como tales. A operación significa, en primer lugar, que dejan de ser entidades de derecho público y pasan a regirse por el derecho privado, mediante su transformación / constitución en sociedades anónimas; y , en segundo lugar significa que se les pasa a fijar un determinado objetivo financiero que generalmente toma como punto de referencia la meta de la autofinanciación. Casos significativos en esta línea son los antiguos entes estatales en Italia y en Irlanda. La RTV y el Servicio de Correos de Holanda, así como el London Transport Authority y el Servicio de Correos de Gran Bretaña.

Las principales consecuencias son que el personal deja de ser funcionario público para pasar al estatus típico definido pro el contrato laboral, y que la empresa pasa a estar sujeta a una disciplina financiera más estricta (lo que a su vez puede conllevar o no una cierta subida relativa de las tarifas para los usuarios / consumidores).

Hay que destacar que, en algunos casos, esta privatización organizativa – que se inicia por cambiar la forma jurídica de la propiedad pública- es como un primer paso para una posterior privatización pura, es decir, transferencia de propiedad al sector privado.

Esta adopción de formas de gestión privadas se ha ido extendiendo de las empresas estatales a la Administración Publica, especialmente en países europeos. Cada vez son más numerosos los ejemplos de segregación de actividades de la Administración Pública para constituir agencias con autonomía de gestión. Es decir, un proceso, de hecho, de creación de nuevas empresas públicas. Un paso más allá en este proceso y nos encontramos con la actual tendencia a que la actividad segregada se transfiera al sector privado; por ejemplo, los servicios de inspección del Ministerio de Finanzas de Holanda.

Finalmente, otro tipo de operaciones surgido como parte de los procesos de privatización ha sido la privatización de la actividad de empresas públicas, en el sentido de cesión al sector privado de la gestión de la actividad de la empresa, pero sin transferencia alguna de propiedad sobre el patrimonio (contracting out). Esta ha sido la vía seguida en Gran Bretaña, pro ejemplo, con los astilleros públicos. Como empresa pública su patrimonio era tan importante (terrenos e instalaciones especialmente ) que su privatización pura fue considerad financieramente inviable por el gobierno; como alternativa, ya tras un largo proceso legislativo, fue sacada a concurso al gestión de su actividad como empresa, lo que implicaba la transferencia de la plantilla del personal. El contracting out supone por tanto un cambio efectivo de titularidad, si bien no respecto al patrimonio, que pertenece publico.

Una modalidad de menor alcance es la subcontratación de la gestión de entidades públicas a empresas privadas (en un sentido parecido a cuando se subcontrata al exterior el servicio de limpieza de la empresa); en estos casos la plantilla y la titularidad de la gestión sigue siendo pública actuando la empresa privada concesionaria por delegación- o responde a alguna fórmula mixta. Un ejemplo de este tipo de subcontratación de la gestión lo tenemos en el programa de reforma de la gestión de los centros hospitalarios que está llevando a cabo el Institut Catatá de la Salut de la Generalitat de Catalunya.

Es de destacar la diferencia de procedimiento seguido en las privatizaciones. Unos países han seguido un modelo similar al de Gran Bretaña y Francia, sometiendo el proceso de privatizaciones a un programa gubernamental explícito, posteriormente concretado en una legislación regulador , generalmente de larga y difícil gestación y respecto a la cual ha sido notable la oposición sindical. Este es el caso de Turquía, Filipinas y Brasil (además de los dos citados) . Otros han seguido, sin embargo, lo que podríamos denominar el modelo italo-español, consistente en la simple venta de acciones de empresas publicas, sin apoyarse en ninguna ley específica ni decisión política explícita al respecto. Ese ha sido el procedimiento seguido –además de en España e Italia- en Alemania Federal, México, Argentina y Venezuela, entre otros.

En general, las privatizaciones en los diferentes países parecen obedecer a dos grupos de motivaciones u objetivos: lo de carácter financiero-fiscal y los de carácter político consistentes en una reducción del peso del sector público en la economía.

Hay casos , como los de España o Argentina, en los que las privatizaciones han consistido en general en la pura venta de acciones de empresas estatales, sin apoyar el gobierno tales medidas en una ley específica; en consecuencia, no existen exposiciones de motivos explícitas que podamos analizar, ni se ha producido un debate público en el que estas pudiesen quedar expresadas. Tenemos que hablar por tanto en estos caos de objetivos implícitos; y es un hacho que éstos aparecen como predominantemente financieros; especialmente en las operaciones en las que se ha sacado a Bolsa una parte no mayoritaria del capital de empresas publicas tradicionalmente sin problemas, es decir, que venían siendo rentables.

Se observa que las motivaciones financiero-fiscales son a su vez de tres tipos - pesando en cada caso un mas que los otros:

Por una parte la idea de eliminar al carga que sobre los presupuestos estatales representan los subsidios (la financiación de los déficit de las empresas públicas, en un periodo de necesidad generalizada de reducir el déficit publico.

Por otra parte dejar de financiar con cargo al presupuesto público las nuevas inversiones (ampliaciones de capital) de las empresas públicas –incluidas las que ya eran rentables.

Y en tercer lugar, al oportunidad de tener un importante ingreso en el presupuesto con el producto de la venta al sector privado.

Estas motivaciones aparecen claramente en los países europeos, no solo en los casos de Austria, España e Italia, sino también Gran Bretaña y Francia; y aparecen asimismo como dominantes en países suramericanos, especialmente Argentina, Brasil, Venezuela, Chile y México. Así, en el caso concreto de Argentina, el producto de las privatizaciones se ha orientado en gran parte a financiar la cancelación de deuda externa; a diferencia del caso de México que con una deuda externa similar, ha dedicado los recursos a inversiones internad en infraestructuras sociales.

Por lo que respecta a las motivaciones u objetivos básicamente de carácter político, éstos resultan ser mezclas variables –según los países- de los siguientes ingredientes:

 

• Mejorar la eficiencia de las empresas públicas.

   

   

• Introducir la mentalidad o "culturas" de empresa privada en la gestión de las empresas públicas.

   

   

• Eliminar la mayor "vulnerabilidad" frente a las reivindicaciones sindicales, al pasar la EP a tener una parte de accionariado privado (aunque éste sea minoritario).

   

   

• Reducir el peso del sector público en la economía, como un fin en si mismo.

   

La mejora de la eficiencia aparece explícitamente como uno de los motivos argumentados en los s programas de gobiernos conservadores, como los casos de Gran Bretaña y Francia, pero de una forma implícita puede detectarse en general en las manifestaciones o declaraciones políticas de los gobiernos de todos los países mencionados. No obstante, es un hecho que en gran parte se han privatizado – o se han privatizado preferentemente- empresas que ya venían siendo rentables o que en condiciones de serlo al haber estado previamente sometidas a operaciones de saneamiento financiero.

No obstante, es un hecho que este tipo de operaciones llevadas a cabo por gobiernos no conservadores, responden a algo más que a una cierta idea más o menos implícita de que la propiedad privada es sinónimo de mayor eficiencia. Este algo más consiste en el planteamiento de que en el actual contexto de competencia internacional ciertas empresas públicas no son viables como empresas independices, si no, en todo caso, como parte de un grupo económico internacional poderoso dentro del sector (por ejemplo el caso SEAT- Volkswagen) El mismo juicio y estrategia es observable en muchas de las privatizaciones de los países suramericanos (las compañías aéreas de Argentina y de Chile, por ejemplo)

En el caso de países en vías de desarrollo, la motivación política presenta una notable homogeneidad: reducir la estatalización dominante en la economía con el objetivo de pasar efectivamente a una "verdadera economía de mercado" (Turquía, Argentina, Venezuela, Filipinas, Pakistán, Brasil) en lo que supone un cambio de orientación considerable, pues se deja de confiar en un sector público empresarial como vía de industrialización y / o desarrollo.

En estos países se observa una pauta muy similar. En ellos se habían ido creando, especialmente desde los años 60, empresas públicas con el objetivo típico de la industrialización del país. Y sus economías estaban caracterizadas por un predominio del sector público en la industria y unas estructuras de mercado muy débiles. Como consecuencia de los anterior, las empresas públicas eran gestionadas y sostenidas más con criterios político-administrativos que económicos o de mercado.

Este proceso se ha dado tanto en países bajo regímenes dictatoriales, como fue el caso de Brasil, Argentina, Chile y Filipinas, como en países con regímenes formalmente democráticos pero de sistema político peculiar , como México, India y Pakistán; así como en casos intermedios como el de Turquía.

Pero a partir de los años 80-85, todos estos países parecen iniciar un cambio de rumbo curiosamente acompañando – pero no necesariamente- por transformaciones hacia un sistema político democrático-liberal. Así, por ejemplo los casos del tránsito de la dictadura la parlamentarismo en Chile, Argentina, Brasil, Filipinas, Pakistán y Turquía. No obstante, casi sin excepción, el cambio de rumbo respecto al sistema económico en general y en concreto el lanzamiento de los primeros programas de privatizaciones se inicia ya en al etapa previa a la democratización; ello aparece especialmente claro en los casos de Turquía y Brasil.

Es de destacar que en varios de estos países los programas de privatización han tropezado con grandes dificultades en su puesta en práctica. Por una parte por tratarse de países con un poco desarrollado mercado de capitales y por resultar economías poco atractivas para los posibles inversores; y por otra, por las resistencias internas de la propia burocracia estatal que debería llevar a cabo el proceso. Resistencias que parecen explicarse más por el uso que hasta ahora se ha hecho de las empresas públicas como núcleos de poder político-económico que por motivos de oposición política. Estas dificultades para llevar adelante las privatizaciones se hacen patentes especialmente en los casos de Brasil, Turquía y Filipinas.

Los resultados en términos financieros son los que aparecen más claros y evidentes; especialmente los ingresos estatales por venta de empresas, que viene a aligerar el déficit del presupuesto público de cada país. No son tan espectaculares los resultados en cuanto al ahorro presupuestario derivado de no tener que financiar déficit de empresas públicas; en unos casos por lo importantes que han sido los costes de los saneamientos previos a las privatizaciones; y en el caso de servicios públicos (transporte, por ejemplo) porque las subvenciones públicas al servicio en cuestión se han mantenido bajo el nuevo régimen de explotación privada.

Respecto al tema de si las privatizaciones mejoran la eficiencia económica de las empresas, las evidencias acumuladas hasta ahora apuntan a que las mejoras en eficiencia no dependen en gran manera del tipo de propiedad sino más bien de otros factores que provisionalmente podríamos enunciar así: el hecho de que exista o se permita una competencia de mercado para la empresa (o un mecanismo equivalente), y adoptar una forma organizativa y unos criterios de gestión de empresa privada en el sentido, no tanto de maximizar resultados, si no de que la gestión de la empresa pueda desenvolverse en un marco jurídico , laboral y financiero idéntico al de las empresas privadas, y sin las típicas intervenciones-peticiones aleatorias de aquellos cargos políticos que estiman tiene una cierta autoridad sobre la empresa. Como ingredientes importantes de este segundo aspecto organizativo, parecen estar la profesionalidad de la dirección de la empresa y los incentivos que se le establecen, ligados a la consecución de unos determinados objetivos de gestión (no necesariamente la maximización de los Resultaos); todo ello adecuadamente explicitado en el correspondiente contrato de empleo.

Parece evidente que los países occidentales que quedan en una situación más propiamente de "economía mixta" son Canadá, España e Italia, ya que –además de partir de un sector pública empresarial muy importante- la pérdida de peso especifico durante la ola mundial de privatizaciones ha sido mínima por ahora, y no parecen probables, a medio plazo, cambios notables en este sentido.

Cambios radicales, como el de Gran Bretaña o aun de mayor alcance, se hubiesen ciertamente dado también en los países en vías de desarrollo que hemos examinado y que partían de unas economías fuertemente estatalizadas y que han optado por pasar plenamente a economías de mercado (ayudados en este sentido por las fuertes presiones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial )

A pesar de que los gobiernos respectivos están sujetos a fuertes presiones en ese sentido, estas presiones obedecen a la lógica del funcionamiento de estos organismos internacionales: al igual que ha venido ocurriendo el países como Turquía, Brasil, Argentina o Filipinas, las subvenciones para cubrir los déficit de las empresas pública forman una parte dominante del desequilibrio presupuestario del país y constituyes a su vez una causa importante del endeudamiento externo que deben renegociar con los organismos internacionales; la respuesta afirmativa de estos a la refinanciación de la deuda está siempre condicionado a que le país adopte un programa a mediano plazo de estabilización presupuestaria y de desestabilización de la economiza dentro del cual el programa de privatizaciones tato el FMI como el BM, lo consideran como una pieza clave.

Alfonsín asumió el 10 de diciembre de 1983, luego de un largo período de gobierno de facto, por lo que fue el primer gobierno democrático luego del golpe militar de 1976. La gente estaba contenta con la vuelta a la democracia, pero la situación que heredaba no era fácil y, si bien contaba con la mayoría en la cámara de diputados, el justicialismo controlaba el senado.

Durante el primer año, el gobierno de Raúl Alfonsín no acertó con la política económica adecuada ni pareció advertir la magnitud de los problemas, que estallaron finalmente bajo la forma de una inflación descontrolada. El primer ministro de economía, Grinspun, intentó mejorar los salarios y , mediante los créditos, reactivar el mercado interno y poner en movimiento el aparato productivo. En septiembre de 1984, esta política llegó a su fin al implementar la devaluación de la moneda.

En junio de 1985, luego de Sourrouille reemplazó a Grinspun en la cartera de economía, la economía estaba al borde de la hiperinflación, Sourrouille lanzó el Plan Austral, que inicialmente alcanzó un gran éxito: la economía se estabilizó sin hacer grandes ajustes.

El Plan Austral era un plan de Reorganización Económica: el Banco Central cesó de emitir para financiar el déficit del Estado y se creó un nuevo signo monetario, el "Austral", equivalente a 1000 pesos argentinos y a 0.80 dólares. Luego de conocer un aumento del 22%, se congelaron los precios y salarios y se eliminaron todas las cláusulas de indexación. La clavel del llamado Plan Austral estaba en derrotar la inflación y generar confianza en una economía estable. El éxito fue notable: la opinión pública lo acompañó solidariamente y hasta los sindicatos lo respaldaron. La inflación bajó del 30% mensual a sólo el 2% y hubo una reactivación del consumo. El gobierno no aprovechó la tregua para encarar soluciones de fondo y, al cabo de un año, reaparecieron las presiones inflacionarias.

Alfonsín reconoció que el principal objetivo de la política económica era obtener la "megaestabilidad", y que ésta se obtenía actuando sobre las causas múltiples: monetarias, fiscales y de expectativas. Una vez producida esta sólo se podía seguir avanzando produciendo cambios estructurales, la reforma del estado, la apertura económica y logrando el equilibrio en los sectores fiscal y externo .El Plan Austral falló en la segunda etapa de cambios estructurales. El principal error fue el no haber avanzado con las reformas estructurales necesarias en la reducción de la dimensión del Estado y una reforma fiscal de importancia.

En 1986 Sourrouille propuso un Plan de Privatizaciones, pero no consiguieron avanzar demasiado por la oposición de los legisladores justicialistas en el Congreso. En junio de 1987, el equipo económico expuso el primer programa de reformas estructurales, sobre las que se trabajo en 1988 con el apoyo del Banco Mundial. Con Terragno como Ministro de Obras y Servicios Públicos, sólo se logró la privatización de la línea aérea Austral. La venta del 40% de Aerolíneas Argentinas, así como la privatización de ENTEL no lograron la aprobación del Congreso, en el que la discusión política superó las razones económicas.

En la década de los 80 las privatizaciones efectuadas afectaron tan sólo a cuatro empresas públicas procedentes de antiguas empresas privadas en crisis, mientras el total de empresas públicas superaba las 300, si bien la mayoría de ellas de pequeña entidad.

La década de 1970 es en el ámbito internacional el momento de la ruptura con la forma de desarrollo social y económico que supone al Estado como factor principal de ese crecimiento. La crisis del Estado acompañada con la del petróleo produce un decrecimiento económico y un aumento del desempleo y la inflación. Esto da pié a que las teorías económicas clásicas que se habían visto ocultadas por el éxito del Welfare State resurjan en toda su gloria al salvataje (así como lo hacen las religiones que ocultas por un Estado represor, despiertan con toda la furia de los extremismos).

Así, la década del 80 (la década perdida) ya ve hacer efectiva en esta política económica llamada neoliberal (Reagan en los Estados Unidos, Tacher en Inglaterra) de coordinación de la economía a través del mercado. La crisis en Latinoamérica – y particularmente en la Argentina – encuentra hacia finales de la década una síntesis de la crisis manifestada en procesos hiperinflacionarios. Un gasto que desborda al ingreso; un proteccionismo que distorsiona la competitividad de las nuevas industrias; un gasto social que subvenciona a los sectores medios en desmedro de los más pobres; una burocratización ineficaz que inhibe cualquier esfuerzo innovador, es la crisis final del último intento de ser de un Estado que bajo esa perspectiva juega en contra del desarrollo económico y se interpone al avance de la lógica de mercado.

En respuesta a la ortodoxia neoclásica que tampoco brinda respuestas satisfactorias durante la década del 80, surgen distintos enfoques que buscan determinar las causas de la crisis y plantear una solución para las mismas. Con mirada hacia Latinoamérica, tenemos referencia de dos enfoques: el "consenso de Washington" y el de Crisis fiscal.

Este puede ser tratado como el enfoque que más se aferra a la cultura liberal. Apunta a conciliar la lógica del orden económico de acuerdo a las especificidádes de cada economía Latinoamericana. Encuentra entre las causas de la crisis un excesivo crecimiento del Estado, traducido en proteccionismo, exceso de regulación y empresas estatales ineficientes y numerosas; así como un "populismo económico", definido por la incapacidad de controlar el déficit público y de mantener bajo control las demandas salariales en el sector privado y público.

Su propuesta como solución a la crisis supone dos aspectos. En primer lugar establecer la estabilidad macroeconómica. Esta se logra a través del a) control de la inflación: la producción se ve entorpecida si el sistema de precios se encuentra fuera de control; b) control del déficit fiscal: es una de las causas del punto a. El Estado gasta más de lo que gana, es "benefactor"; c) equilibrio de la balanza de pagos: consiste en la reducción de la inflación y del gasto público; y d) estabilidad del tipo de cambio: variable clave para una economía que se disponga a apuntar al sector externo y a generar confianza.

Como aspecto de la reforma estructural piensa en a) privatizaciones: apunta a la lógica fiscal del ahorro estatal; b) desregulaciones: tasa de interés desregulada, libre al mercado, a la "ley de oferta y demanda"; y c) apertura de la economía: a ella se asocia la libre competencia que apareja el aumento de la competitividad y su consecuente mejora de calidad y precios.

Pueden señalarse como principales críticas a este enfoque su ahistoricidad, ya. que evitan establecer contacto con el desarrollo de los hechos.. Por otro lado en ningún momento hace mención a la deuda de los Estados, tanto interna como externa.

El enfoque de la crisis fiscal enfrenta el problema dando mayor presencia al Estado del que le da la opción anterior. Si bien ve también una crisis en el Estado a partir de un crecimiento exagerado y distorsionado de éste, aboga por la reconstrucción de éste a partir de que al tiempo que reduce su tamaño se reconstruye como un Estado fuerte.

La principal problemática de los Estados Latinoamericanos en crisis es que se vieron impedidos de su capacidad de ahorro, por lo tanto de inversión social, de infraestructura, de subsidios para el desarrollo industrial. Los cinco puntos que definen la problemática estructural son a) el déficit público; b) un ahorro reducido o bien negativo; c) una deuda pública interna y externa, acarreada de la crisis que comienza en el 70 de los Estados que sostuvieron la situación a través del crédito mientras poseyeron la confianza de los acreedores, muy grande; d) falta de crédito e incapaz de seguir generando deuda pública interna y e) la falta de credibilidad de los gobiernos. Se podría resumir la causa de la crisis en el grave endeudamiento adquirido por los Estados a los efectos de financiar una estrategia "hacia adentro" en lugar de orientarla a las exportaciones.

La solución de esta postura apunta sustancialmente a la reducción de la deuda pública a través de un ajuste fiscal (sobre todo hacia aquellos que pueden pagar) y una reducción de gastos a los efectos de recuperar el ahorro del Estado. Esta recuperación se supone con una cierta prolongación en el tiempo, sin "soluciones mágicas". Por otro lado no adjudica el papel cuasi totalizante del mercado propuesto por la economía liberal, sino una economía de coordinación mixta entre Estado y mercado con una creciente orientación que vaya del mercado interno al externo. Es decir un Estado pequeño pero fuerte, con capacidad de arbitrar el avance ciego del mercado.

Cuando Menem asume el poder anuncia – y más tarde hace efectivas – una serie de reformas que marcan un vuelco absoluto respecto de la política anunciada en el discurso previo a la ascensión. Podemos pensar que dichas reformas responden en gran medida al enfoque y propuesta del "consenso de Washington" pero en cierta forma alterada. La reforma habría sido aplicada casi con un mínimo de ortodoxia, presentando algunas alteraciones – que en el plano de lo teórico – que no se ajustan estrictamente a dicha propuesta, lo que daría como resultado una forma alterada de la misma. Dichas alteraciones cabría tipificarlas más allá del ajuste necesario – supuestamente – a las condiciones y contexto de cada país; podríamos pensar que responderían a una adecuación de características particulares para los actores de decisión económica que participaron en la reforma, donde desde este plano (el económico), dichos actores se verían beneficiados.

Las condiciones que presenta el Estado en el momento que Menem asume no cubren al menos parte del mínimo de características que debería cubrir el más mínimo de los Estados neoliberales: garantizar la propiedad y el orden interno y la estabilidad de la moneda. La hiperinflación del 89 provocó el colapso de las finanzas públicas, provocando no solo huidas hacia el dólar que potenciaron la situación, sino también "hacia los supermercados".

Podemos presentar los principales puntos de la propuesta del "consenso de Washington" resumiéndolas en dos grupos de medidas: la primera apunta a promover la estabilización de la economía a través del ajuste fiscal y la adopción de políticas liberales de mercado, y la segunda a reducir el Estado.

En términos generales los cambios efectuados por el gobierno de Menem con la prioridad de reducir el déficit fiscal y contener la inflación antes que aumentar la competitividad y productividad de la industria a largo plazo, con lo que se puede pensar que las políticas aplicadas se vieron conducidas por un "apresuramiento".

Entre las primeras acciones se encuentra la de perfilar la ley de Emergencia Económica, produciendo el primer gran corte con la metodología de asistencia estatal al suspender los regímenes de promoción industrial, regional y de exportaciones, así como autorizar el licenciamiento y el fin de esquemas salariales de privilegio en la administración pública. Esta política de eliminación de subsidios viene aparejada en la política propuesta por el modelo norteamericano por un aumento de la inversión pública en los ámbitos de salud, educación e infraestructura.

En este aspecto obtenemos una primera alteración del modelo de Washington con respecto a la aplicación del mismo por el cambio del gobierno de Menem. Este aspecto se adecua a la reducción de los subsidios pero no a aquel aumento de la inversión pública que se supone lo acompaña. Si bien aumenta la Inversión en términos generales a partir del año 91 (16,3 % del P.B.I.) llegando al 22 % del P.B.I. en el año 96, la inversión pública sigue el sentido inverso, pasando del 2,3 % del P.B.I. en el año 90 al 0,9 % del mismo en el 93.

Siguiendo el mismo orden de cosas, es menester hacer referencia a la política fiscal como uno de los ejes donde gira la reforma estructural del Estado en el primer período menemista. En este sentido el enfoque del "consenso de Washington" propone la aplicación de una fuerte disciplina (tendiente a eliminar el déficit público) y por otro lado una reforma tributaria tendiente a ampliar la base de la misma. La reforma llevada a cabo en este sentido supone tres aspectos. El primero consiste en la concentración de la estructura impositiva en pocos impuestos, básicamente I.V.A. y ganancias, expandiendo la base del imponible, aumentando las alícuotas y ampliando los mecanismos de agentes de retención (este último manifiesto en campañas publicitarias). Resulta interesante apreciar como esta reforma tiñe al aspecto impositivo de una particular "equidad". Primeramente el I.V.A. lo pagan todos. Para el impuesto a las ganancias, al reducir el imponible, aquel que no tenga cargas de familia ni demás declaraciones puede llegar a pagar el impuesto a partir de los $ 1.500 de ingreso.

El segundo cambio estaría vinculado al aspecto anteriormente descripto (suspención de subsidios) y se aplica al eliminar parcial o totalmente las exenciones impositivas especiales de promoción industrial y regional. El tercer aspecto del cambio se adecua a la aplicación de una mayor rigurosidad sancionando una nueva ley penal tributaria que aumentaba los riesgos de evasión, intentando invertir una cultura del pago tributario corroída.

Un segundo eje de reformas es el de la liberalización comercial o así también llamada apertura económica. Esta se instrumenta por medio de la baja y anulación de aranceles y cupos en la importación. Se pueden señalar como objetivos de la apertura la caída de precios, fomentar las importaciones con lo que aumenta el consumo interno. También permitiría el ingreso de capital industrial nuevo, lo que daría una mejora en la competitividad a largo plazo. Sobre este último aspecto es importante señalar que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas quedan fuera de esta renovación al no tener acceso a créditos en el exterior más baratos de los que ofrecía la Argentina. Solo alrededor de las 400 empresas más grandes del país lograron ponerse a tono a este respecto. Se puede señalar entre otras consecuencias que a corto plazo esto trae un desequilibrio en la balanza comercial así como una distorsión en los precios relativos dada la protección tanto natural como preferencial de algunos productos (industria automotriz). Relacionado con esto se podría pensar en un aporte realizado por el profesor Diego Raus. Sostiene que la paridad del peso con el dólar 1=1 no es real sino forzada tanto por la ley como por los fondos que la respaldan dado que desde establecida ésta ha habido igual inflación, con lo que la paridad real no es la nominal, sino de alrededor de 1,4=1. Esto distorsiona el precio real de los productos exportables, lo cual no solo apareja desequilibrio en la balanza de pagos, sino que se traduce en una reducción de costos, o sea, en aumento de desempleo.

Uno de los principales problemas con los que se enfrentó esta política de apertura fue, respondiendo a la constante del resto de las reformas en función de reducir el déficit fiscal y contener la inflación, el no haber sido aplicado con un carácter gradual. El peligro de no efectuar las reformas en forma gradual en nuestro país trae como consecuencia un elevado cierre de empresas, sumando un factor más a las causas del aumento del desempleo en ese periodo.

Pasando al eje de las privatizaciones, la manera vertiginosa ("al cabo de un año, hacia octubre de 1990, casi todas las empresas públicas seleccionadas habían sido transferidas al sector privado") con que se realizaron, demuestra el mismo carácter apresurado en su aplicación. Su instrumentación se llevó a cabo mediante un llamado a licitación y venta de acciones mediante la sanción de la ley y los respectivos decretos presidenciales que las posibilitaron. También se instrumentó un plan de capitalización de la deuda, que permitía aceptar hasta un cierto porcentaje del valor de la venta a los desvalorizados títulos de deuda al precio que habían sido emitidos, es decir, se igualaba el valor nominal al real revalorizándolos a su valor inicial. Esto permitiría cancelar en parte la deuda, pero las privatizaciones en general tuvieron como objeto disminuir el déficit de la apretada situación financiera del sector público.

Una característica fundamental de las privatizaciones, que encuentra conexión con lo que será luego una de las críticas, es el consenso que estas tenían. La defectuosa, y deficitaria en algunos casos, situación de las empresas legitimó el explícito objetivo del gobierno de mejorar el servicio. Esto aparejó a que la rapidez con que se llevaron a cabo las mismas no permitiera el necesario saneamiento de ellas a los efectos de mejorar su precio.

La venta permitió acumular recursos del tesoro que serían fundamentales para hacer efectivo el plan de convertibilidad, pero se hacen manifiestas consecuencias que en gran medida se traducen a una desprotección de los consumidores. Tal vez sea la crítica más trillada, pero presenta una contradicción que debe ser marcada; se trata de las condiciones en que fueron presentadas las ofertas de los eventuales compradores. Las privatizaciones fueron realizadas bajo un carácter monopólico que daría grandes beneficios a los compradores al sacarse de encima el "estorbo" de la competencia, permitiendo en la instancia más manifiesta disponer del aumento de las tarifas.

A la luz de la teoría que sustenta la perspectiva del "consenso de Washington" la instrumentación de privatizaciones llevada a cabo por Menem se presentaría como contradictoria. Si bien "las empresas públicas deberían ser privatizadas", la forma en que fueron realizadas estas se presentarían más bien como objeto de crítica al fundamento teórico del consenso. Las privatizaciones consistieron en trasladar el por ellos mismos criticado monopolio estatal a un monopolio privado. El beneficio que supone la aplicación de una política de libre mercado se ve trunco desde su raíz. Su razón de ser, la libre competencia a los efectos de mejorar la calidad del servicio mediante la competencia, no es puesta sobre el tapete de juego bajo las reglas que le dan su característica esencial; característica que le aporta el único beneficio que tiene. Sin ella simplemente no es. Por lo tanto podemos pensar que aquí se hace manifiesta otra alteración de las reformas aplicadas en referencia a la propuesta norteamericana. Principalmente por los aspectos de la aplicación del método de capitalización de la deuda como por el traslado de un mercado monopólico estatal a uno privado, podemos comenzar a pensar que la aplicación de la reforma del estado se presenta con una alteración sustancial respecto de la propuesta ortodoxa. Dichas alteraciones pueden ser pensadas en un principio como instrumentación de una política que otorgaría beneficios en el plano económico no solo a empresas internacionales, sino también a grandes capitales nacionales que participaron de la privatización y que veían afectados sus intereses por la política de desregulación efectuada por el gobierno.

Con la aplicación de la convertibilidad – a la cual las reformas anteriores fueron en alguna medida funcionales – se logra frenar la inflación, reaparece el crédito y se reactiva el consumo. La estabilidad atrae por otro lado a capitales financieros.

Tanto los gobiernos de los presidentes Alfonsin como Menem han manifestado una voluntad política de efectuar privatizaciones, pero sin que hayan existido unos planes específicos al respecto plasmados en normas legales, a diferencia de países como México o Chile. En la década de los 80’ las privatizaciones efectuadas afectaron tan solo a cuatro empresas publicas procedentes de antiguas empresas privadas en crisis, mientras que el numero total de empresas publicas superaba las 300, si bien la mayoría de ellas de pequeña entidad.

El objetivo preferente perseguido por el gobierno, a juzgar por las actuaciones realizadas a lo largo de los últimos años, no parece haber sido tanto recaudatorio como de intento de mejora de la gestión de determinadas empresas de servicios públicos, mezclados, eso si, con el de la reducción de la deuda externa.

Las operaciones más importantes en este sentido las ha llevado a cabo el gobierno de Menem, que se inicio en las privatizaciones vendiendo el 60 % del capital de la compañía telefónica, ENTEL, que ha pasado a estar controlada por dos sociedades, una (Telefónica de Argentina) liderada por la Telefónica española, y otra (Telecom Argentina) liderada por France Telecom. Y la italiana STET. La operación se realizo ligada a una reducción de la deuda externa argentina.

Igualmente a finales de 1990 la compañía española Iberia adquirió íntegramente Aerolíneas Argentinas y una parte importante del pago consistió en que Iberia se hiciese cargo de 20.000 millones de dólares nominales (un importe una cinco veces inferior en precio efectivo) de deuda publica argentina.

A esto ha seguido la venta en 1992 de la compañía eléctrica estatal Edenor a un consorcio liderado por la francesa EDF y la española Endesa (curiosamente ambas publicas), por un importe de 428 millones de dólares, de los cuales el 70 % en forma de absorber también deuda publica exterior, y la venta de la otra compañía eléctrica Edesur a un grupo argentino. Las otras privatizaciones importantes en el bienio 1991-92 han sido: una empresa de astilleros (adquirida por la francesa Brisard), una cadena de televisión, varias empresas petroquímicas, diversos pozos de petróleo y la compañía estatal de distribución de aguas, Obras Sanitarias de la Nación.

Los planes privatizadores del gobierno son, no obstante, más amplios aun. Se han privatizado a partir de 1993,entre otras, a las siguientes empresas públicas: Gas del Estado, que ostenta al monopolio de suministro para el area de la capital y a cuya compra opta la francesa Gas de France; tres gaseoductos; concesiones petrolíferas; líneas de metro; ferrocarriles de cercanías; la empresa siderurgia Somisa y hasta el propio servicio de correos, Encotel.

Como puede verse, junto a la política del gobierno de Menem de llegar a la privatización de las empresas publicas más clásicas (ferrocarril, metro, correos), destacan dos aspectos en el caso de Argentina: por una parte que las grandes operaciones de privatización se han efectuado vendiendo las empresas a compañías extranjeras publicas (las españolas Telefónica, Iberia y Endesa y las francesas EDF y pago acodado ha consistido en que la compradora extranjera asuma el pago de títulos de la deuda externa argentina. Una suma pues de dos objetivos: el de racionalizacion/potenciacion de las empresas, al dar entrada a grupos industriales extranjeros del mismo sector, que asumen la gestión de las empresas privatizadas; y el objetivo recaudatorio de reducir la deuda publica externa.

Bajo la presidencia de Carlos Menem se vendieron empresas del estado a empresas privadas extranjeras a bajo costo, haciendo que fluya mucho dinero pero a largo plazo esto produjo desempleo (ya que al venderlas sin poner una restricción les daba libre control de la empresa).

La privatización abarcó empresas productivas y de servicios, activos públicos como las reservas petroleras, actividades de regulación y hasta de control social como la emisión de documentos de identidad.

Una de las particularidades de este proceso fue el rápido ritmo con que se llevo a cabo.

Existía un gran interés por parte de los acreedores externos para los cuales las empresas públicas eran la mejor opción para hacer efectivo una parte del capital adeudado a través de la capitalización de la deuda, abrir nuevas áreas de inversión ocupando mercados hasta ese momento abastecidos por el Estado, y consecuentemente multiplicar sus ganancias.

Cabe destacar que todo el proceso de privatización se llevó a cabo bajo la dirección técnica y financiera de los organismos financieros internacionales (FMI, BID, Banco Mundial).

Se esgrimieron cuatro tipos de argumentos en favor de las privatizaciones.

El primero tenía que ver con la necesidad de reducir el déficit fiscal. Las privatizaciones servirían para bajar ese déficit en la medida que las empresas serían entregadas como parte del pago de la deuda externa. Asimismo, el hecho de pagar parte de la deuda, daría señales favorables de cambio de rumbo a los agentes económicos y a los gobiernos de los países desarrollados, obteniendo así el apoyo de los acreedores externos y un incentivo para los grupos interesados a nivel local.

El segundo argumento, ligado íntimamente al anterior, giraba en torno de la necesidad de estabilidad. La hiperinflación sufrida durante el período que precedió a las privatizaciones fue la herramienta fundamental del gobierno para actuar de manera acelerada en este proceso. El gobierno identificaba a las empresas públicas como una de las causas fundamentales de la crisis y por eso, cuanto mas rápido se privatizara, se reduciría el déficit público y volvería la estabilidad.

En tercer lugar se argumentaba que el Estado no tenía capacidad para financiar las inversiones necesarias en tecnología para encarar las obras de modernización, con lo que el aporte del capital privado aseguraría el mejoramiento del sistema.

Por ultimo se afirmaba que el estado era incapaz para administrar con eficiencia, fomentaba la burocracia y la corrupción y en consecuencia no podía brindar buenos servicios.

Dos leyes aprobadas en el Congreso, fueron las que abrieron camino e hicieron posible el rápido programa de privatizaciones. La primera, de Reforma del Estado, autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a intervenir las empresas públicas, suprimir los directorios existentes, eliminar los órganos de control, dividir las empresas y privatizarlas. Así se concentró el poder de decisión en el Poder Ejecutivo y se suprimieron los Organos de Control. La segunda ley, llamada de Emergencia Económica, derogó las normas que diferenciaban al capital extranjero del nacional. El camino que llevo a la entrega del patrimonio nacional quedo allanado.

Para reducir el precio de las empresas públicas y facilitar su venta las mismas fueron desmanteladas. Los nuevos marcos regulatorios fueron casi inexistentes y los requisitos impuestos a los oferentes fueron de tales que sólo quedaban espacio para que se presentaran los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros.

Se consideraron prioritarios tres sectores: Energía, Comunicaciones y Transportes.

Podemos analizar las consecuencias según cuatro grandes áreas:

Esta es la consecuencia mas evidente del proceso de privatización que tiene que ver con el pasaje de la propiedad del estado de sectores estratégicos de la economía a manos privadas. Este pasaje produjo grandes cambios estructurales en la propiedad, concentrando y consolidando la presencia de los grandes grupos económicos. Asimismo acentuó la tendencia a la asociación entre esos grandes grupos económicos locales con los grandes capitales extranjeras.

Tiene implicancias directas sobre los trabajadores.

Se perdieron los derechos que tenían como trabajadores públicos como la estabilidad en el cargo.

Se produjo una fuerte reducción de los planteles por la vía de los llamados retiros "voluntarios" para los cuales las empresas destinaron enormes sumas de dinero. Esto da cuenta de la importancia estratégica que las empresas le otorgaron a la reducción de personal. Esto fue acompañado por un proceso de sustitución del personal con mas antigüedad en la empresa cuya experiencia sindical y política no era deseada.

Cuando el retiro voluntario no era aceptado por los trabajadores convocados se iniciaba una campaña persecutoria o discriminatoria contra ellos, se los trasladaba a zonas alejadas de sus hogares o a otros sectores de trabajo con tareas desconocidas o disgustantes (para usar un termino utilizado por algunas empresas), o bien colocados en estado disponibilidad sin tarea asignada, con lo que se inducía un gran desgaste psicológico destinado a hacerlos aceptar el retiro "voluntario".

De esta manera se conseguían renuncias evitando los despidos y el costo político que ellos implicaban. El porcentaje promedio de reducción de puestos de trabajo en las principales empresas privatizadas hasta 1997 alcanza el 57%. (Ver cuadro 1 al final del documento).

En tercer lugar, el aumento del horario de trabajo y de los ritmos habituales por medio de introducción de nuevas tecnologías o simplemente imponiendo otras pautas de producción.

En cuarto lugar, se aplican nuevos y diversos contratos flexibles, por tiempo determinado, pasantías, con salarios flexibles que incluyen pagos por productividad, entre otros.

Por otra parte se da un fuerte proceso de tercerización de ciertos sectores de la producción que antes estaban integrados a la empresa, lo cual se constituye en una fuente de fragmentación y precarización del colectivo de trabajo.

Por último, las empresas privatizadas se apuraron la firma de nuevos convenios colectivos que destruyeron viejas conquistas e introdujeron nuevas formas de explotación y control del trabajo como la polivalencia.

Estas son algunas de las cuestiones que hacen a la reconversión de las empresas que afectan directamente las condiciones de trabajo, la salud y la unidad de los trabajadores.

La extranjerización de las áreas privatizadas es muy fuerte y evidente. Las telecomunicaciones quedaron en manos de capitales públicos españoles, franceses e italianos ; la distribución de gas de la Capital en manos británicas ; la generación y distribución de electricidad, capitales provenientes a su vez de la privatización de la seguridad social chilena ; la red cloacal y de agua, franceses. El escritor Eduardo Galano ironizó este proceso de desnacionalización al definir las privatizaciones como "la transacción mediante la cual el estado argentino pasa a ser propiedad del estado español".

Por un lado, las empresas públicas en nuestros países se extranjerizan, y por otro las empresas públicas de los países centrales se amplían y expanden. Según la Corporación Financiera Internacional, las 2/3 partes de las privatizaciones a nivel mundial se realizaron en América Latina.(Ver Cuadro 2 al final del documento)

En este punto lo central fue introducir el concepto de competencia en el sector. Para eso se busco eliminar la prestación monopólica del servicio creándose un mercado mayorista y otros minorista para la compra-venta del fluido. La desregulación habilita la competencia entre las empresas y lleva a una búsqueda espectacular de reducción de costos. La desesperación por reducir costos sumada a la falta de control efectivo amenaza la calidad y seguridad en la prestación del servicio eléctrico, como lamentablemente hemos podido comprobar en nuestro país. La estrategia de las empresas consistió en obtener ganancias rápidamente sin reinversión.

(en millones de dólares)

(en millones de dólares)

Las características generales del proceso de privatización en el sector eléctrico no escapan de las descriptas a nivel global, pero interesa señalar algunas particularidades.

Hasta 1992, el sector eléctrico estaba conformado por cuatro empresas nacionales y dos binacionales destinadas al aprovechamiento de los recursos hidroeléctricos. Las empresas nacionales garantizaban el 84% de la generación y eran propietarias del 100% del transporte.

En cuanto a la distribución, esta estaba a cargo de dos empresas nacionales que abastecían el 55% del consumo eléctrico nacional, veintiún empresas provinciales que abastecían el 34% y cuyo límite era el territorio provincial, y cerca de 600 cooperativas privadas que prestaban el 11% restante del servicio en áreas municipales.

Al inicio de la reforma del sistema eléctrico, las empresas se enfrentaban graves dificultades económicas y financieras por causa del endeudamiento al que habían sido empujadas por el desvío de fondos propios para cubrir gastos del presupuesto nacional y por el atraso en las tarifas. Esto derivó en una fuerte reducción de la capacidad de inversión y de mantenimiento y consecuentemente en el deterioro del desempeño técnico.

Esta situación influyó sobre el precio de venta. Como el interés del gobierno era asegurarse la presencia de inversores privados, se dejo en libertad a los oferentes para la fijación de precios. En el caso de las centrales térmicas, se tuvo en cuenta para la cotización la vida útil restante, por lo que fueron cotizadas entre un 10 y un 30% del valor de reposición. En muchos casos el valor base de la licitación no llegaba a cubrir el valor de los edificios y terrenos de la empresa.

En el caso particular de la empresa SEGBA, el gobierno absorbió la suma de 1.480 millones de dólares de deuda, transfirió 330 millones a las empresas adjudicatarias y cobró 1.294 millones por la privatización, con lo que no llegó a cubrir con ese precio ni siquiera el valor de las deudas.

A fin de asegurar rentabilidad y la competencia, la reforma del sistema se encaró en dos sentidos,

 

1. separando completamente los distintos procesos de la industria: Generación (producción de energía), Transporte (vinculación de la producción con el consumo), y Distribución (abastecimiento a los usuarios),

    

    

2. se procedió a la atomización de empresas definiendo unidades de negocio mínimas.

    

Así se vendieron las centrales térmicas , las hidroeléctricas, y las líneas de alta tensión se vendieron como unidades independientes ; las líneas de menor tensión fueron agrupadas y vendidas en unidades regionales ; y las dos empresas de distribución, pasaron, una a control provincial, y la otra (SEGBA- que abarcaba el área metropolitana de Buenos Aires), se dividió en tres unidades comerciales privadas (EDESUR, EDENOR y EDELAP).

Las tres empresas distribuidoras y las cuatro centrales térmicas del área metropolitana de Buenos Aires, quedaron en manos de capitales extranjeros en su mayor parte.

Por otra parte, si se analiza la composición de los grupos que ganaron las licitaciones, resulta evidente que la desintegración a la que apuntó la reforma, se vio deformada con la reintegración provocada por la coincidencia de los propietarios en mas de uno de los procesos de la industria eléctrica. Por ejemplo, las empresas que reúnen el 90% de las acciones privadas de la Central Térmica Costanera, reúnen a la vez el 92% del acciones de EDESUR, a pesar de la expresa prohibición de los Decretos Reglamentarios. Esto mismo se extiende al sector de transporte de alta tensión.

Esto se logró gracias a que ninguno de los grupos domina en forma total los consorcios de los que forman parte. Esto manifiesta la estrategia integral de estos grupos económicos tendiente a no quedar fuera de ninguno de los negocios altamente ventajosos. De este modo participan de todas las fases del proceso de la industria : generación térmica e hidroeléctrica, transporte y distribución. A ello se suma que varios socios participan activamente del negocio de la industria del gas y del petróleo. Esto significa que la electricidad distribuida en Buenos Aires, por ejemplo, fue generada con algún derivado de petróleo o con gas y luego transportado por las empresas de las cuales participan los mismos grupos económicos. Lo que en apariencia no es un monopolio, el predominio de los mismo grupos en todos los sectores, evidencia que sí lo es dado el grado de integración real que consiguieron.

Hay tres aspectos centrales para analizar dentro de las consecuencias de las privatizaciones sobre los usuarios:

1) Acceso al servicio

2) Tarifas

3) Calidad

Cada una de ellas, tiene íntima relación con el modo en que se realizó la reforma y los objetivos centrales a los que se apuntaba con el proceso de privatización. Hemos descripto en la parte anterior que dichos objetivos estaban centrados en privilegiar la participación de capitales extranjeros y grandes grupos económicos, así como también dar un marco de garantía a los inversores de las utilidades que generaría su participación en el sector.

Hemos visto además que la intención de promover la competencia dividiendo el proceso de la industria y creando unidades de negocio mínimas, quedó truncada en los hechos desde el momento en que la mayoría de los grupos intervinientes participan de todo el proceso.

Por otra parte, al desaparecer el sistema integrado y considerarse a la electricidad, como un producto mas del mercado sin diferenciarla con otros bienes, se descarta tanto la necesidad de satisfacción de la demanda continua como las ventajas de la producción conjunta, negando con esto el carácter estratégico de la electricidad en las sociedades modernas en que la mayor parte de las actividades de la vida cotidiana necesitan de la energía eléctrica para llevarse a cabo.

De este modo se altera el concepto de servicio público existente hasta la privatización, considerando sólo la distribución y el transporte como servicio público, quedando excluida de este concepto la generación que se considera de interés general. Esto significa que si al generador le resulta antieconómica su empresa puede cerrarla sin que el Estado tenga la obligación de intervenir aunque las consecuencias para los usuarios pueda llegar a ser la falta de suministro.

Asimismo cabe destacar que no se exigieron inversiones forzosas a los grupos adquirentes, solo se les exigía la prestación de un servicio de calidad.

Por otra parte, del análisis del marco regulatorio del sector, surge claramente que los únicos actores reconocidos dentro del mercado eléctrico son los transportadores, generadores, distribuidores y grandes usuarios, con lo cual los pequeños usuarios industriales, familiares o comerciales quedan excluidos.

Tomando en cuenta estos aspectos, podemos decir que la privatización tuvo efectos negativos para los usuario en los tres aspectos señalados.

Respecto al acceso al sistema, la primera medida que tomaron las empresas fue el corte del suministro en forma indiscriminada a las villas de emergencia y barrios pobres que estaban "enganchados" a la red., para reducir las pérdidas en las redes de distribución. El acceso al sistema queda restringido a la posibilidad de pagarlo. El precio de la energía en el mercado mayorista gira alrededor de los 0,03 centavos de dólar el Kw., mientras que los pequeños consumidores abonan entre 0,10 y 0.15 centavos.

En relación a las tarifas se produjo un aumento en el precio del bajo consumo y una baja en el precio del alto consumo. Los consumidores residenciales pagan tarifas mas altas que los grandes usuarios ya que estos últimos tienen acceso directo a comprar en el mercado mayorista.

Por último, respecto de la calidad del servicio, no se registraron mejoras en la atención al cliente y el apagón en la Ciudad de Buenos Aires nos muestra que no se presta un servicio de calidad.

Reducción de Personal: Se produjo una fuerte reducción de personal. En las empresas de distribución la reducción alcanzó al 30% del personal, en las centrales térmicas superó el 45% y en el área del transporte fue cercana al 25%.

En algunas centrales hidroeléctricas, como la del Chocón, el impacto fue aún mayor, porque a la pérdida del empleo hay que agregarle que los trabajadores debieron entregar las viviendas que ocupaban.

La reducción del personal se basó en el sistema de Retiros Voluntarios a los cuales muchas veces se inducía a los trabajadores a tomarlo con acciones persecutorias o discriminatorias.

Tercerización: El proceso de tercerización de varios sectores de la producción permitió a las empresas reducir los costos laborales y debilitar la unidad de los trabajadores. Los trabajadores contratados en estas empresas son generalmente trabajadores precarios, con condiciones de trabajo mucho mas desfavorables y salarios menores.

Programas de Propiedad Participada: Otro aspecto que fue importante en el sector fue el tema de la aplicación de los Programas de Propiedad Participada. El gobierno reservó el 10 % de todas las unidades de negocio privatizadas para ser adquiridas por los trabajadores de las empresas. En el caso de las Centrales Térmicas e Hidroeléctricas reservó el 2%. Dichos programas intentaron por un lado contener las resistencias de los trabajadores y sus organizaciones a las privatizaciones y por otra parte formaba parte de una estrategia de cooptación de los trabajadores, (ahora "adquirentes"), para obtener de ellos mayor colaboración en los procesos productivos con el propósito de asegurarse el aumento de la productividad.

La Federación sindical-patronal: la federación que nuclea a los sindicatos de la electricidad licitó y ganó tres centrales térmicas (Litoral, Noroeste y Patagónica) y el transporte del Noreste y Noroeste. En algunos casos para la adjudicación capitalizó las deudas sindicales que las unidades de negocio mantenían con ella.

Convenios Colectivos de Trabajo por Empresa: Los nuevos convenios de empresa avanzan en condiciones flexibles de trabajo. La jornada de trabajo quedó estableci