Desde nuestro punto de vista, nos parece oportuno, útil y adecuado, impulsar cooperativas que persigan brindar servicios significativos en el sentido de producir aportes concretos y conducentes al desarrollo humano.

Si bien es obvio que todas las auténticas cooperativas son sociales y su perspectiva, antropocéntrica, como lo es por caso, la teoría económica en su concepción, nosotros nos referimos a aquellas cooperativas constituidas con la finalidad de incorporar o reincorporar, autónoma, productiva y laboralmente, en el sistema socioeconómico,  a las personas con  carencias en materia de necesidades físicas básicas.

Se trata en principio de brindar herramientas cooperativas para la promoción humana y la integración social de los ciudadanos, actualmente excluidos, teniendo en cuenta Documentos[2] que ya en los años 1978/79, denunciaban  creciente índices de desequilibrio económico-social, lo que estaba produciendo numerosos excluidos, como son los emigrantes e inmigrantes, los migrantes, los asilados, los refugiados, los desterrados y también los indocumentados de todo genero.

Antes aún, Pablo VI, en su discurso a los campesinos, el día 23 de Agosto de 1968, en Bogotá, Colombia,  denunciaba puntualmente que, “En una situación de total abandono se encuentran los ancianos, los minusválidos, los errantes y las grandes masas de campesinos e indígenas “casi siempre abandonados en un innoble nivel de vida y a veces atrapados y explotados duramente”.

Lamentablemente, no fueron escuchados y así, estos índices indeseables fueron creciendo mas de la cuenta, hasta nuestros días, sin que nadie fuese capaz de revertirlos, ni siquiera mitigarlos.

Nuestras Cooperativas para el Desarrollo Humano, con los recaudos del caso, deberán incluir y promover incluso, a todas y cada una de estas personas en cuanto fuere posible.

La presente propuesta cooperativa tiene por objeto, Vg., la organización y gestión de servicios sanitarios, educativos y artesanales; el desempeño eficiente de minifundistas que fueron postergados, empobrecidos y despojados, sin descartar actividades económicas conexas en pequeña escala, a nivel industrial (valor agregado local), comercial y de servicios.

La cooperación así pensada, facilitará y favorecerá el cumplimiento del imperativo constitucional en materia de desarrollo humano e inclusión social, asociando a personas con desventajas físicas y sensoriales;  dependientes químicos, presos que recuperaron  su libertad, personas condenadas a realizar trabajos comunitarios, habitantes de la calle (adolescentes en edad y con capacidad  para trabajar más formalmente),  y aquellos que atraviesan una situación familiar difícil desde el punto de vista  social, económico o afectivo; personas con capacidades diferentes, con  problemas psíquicos o dependientes  de acompañamiento permanente como, asimismo, estas mismas personas una vez recuperadas.[3]

Estas cooperativas admitirán por cierto,  a nuestros excombatientes en las Islas  Malvinas “Argentinas”, ya que jamás deberemos olvidar y agradecer que,  si bien, hoy nuestra libertad es gratuita, no fue, no es, ni será barata.

Entiendo que de tal modo, estaríamos sujetándonos con hechos contundentes tanto al Art. 75 de nuestra Carta Magna como a los artículos  24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 56,  59, 60, 66, 75 y cc. de la Constitución de la Provincia de Córdoba, como a la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Córdoba, la que también, entre sus enunciados y promesas, promueve el cooperativismo, obras de infraestructura, equipamientos y servicios indispensables para el desarrollo humano, particularmente de aquellos vecinos con alguna minusvalía y compatibles con la un medio ambiente sano y equilibrado.

Estas cooperativas naturalmente, deberán organizar sus actividades, especialmente lo relacionado con sus instalaciones,  horarios y jornadas laborales de modo tal  que las dificultades generales e individuales de las personas carenciadas y en desventaja o con capacidades diferentes, sean minimizadas y funcionalmente contempladas.

Asimismo, estas personas, asociadas a las cooperativas para el desarrollo humana, por sí y/o por medio de sus representantes legales, aportarán su trabajo personal independiente, sus artes, oficios, saberes y conocimientos por lo cual, deberán capacitarse continuamente mediante programas especiales de formación, entrenamiento y asimilación tecnológica con el objetivo de cualificarlas en lo personal y simultáneamente, aumentar la productividad, competitividad e independencia económica y social de los mismos.

Por otra parte, la condición de las personas con algunas de las dificultades anteriormente señaladas, deberá estar certificada por los organismos de la administración publica o privada correspondientes, asegurándose el derecho de reserva y privacidad de la información contenida en los instrumentos pertinentes.

Los estatutos de estas cooperativas, deberán prever categorías de socios voluntarios, Vg. adherentes, participantes, honorarios, padrinos, etc.;  que presten servicios gratuitamente o efectúen aportes de capital según el artículo 115 de la ley de cooperativas 20.337, voluntarios  éstos que no pueden estar alcanzados por las categorías de personas en desventaja o con carencias del tipo de las indicadas anteriormente.

Pero claro está, el proyecto no puede dejar a una cierta ‘generosidad adormecida’, el financiamiento de estas cooperativas, razón por la cual, su financiamiento deberá estar asegurado por Nación, Provincias y Municipios, complementariamente, con las asignaciones presupuestarias correspondientes, con el “comprecooperativo –cdh-“, con el Fondo Nacional Cooperativo de la Ley 23.427 y otros similares, con los invalorables aportes de diversas ONG’ s de reconocida trayectoria y compromiso social-ciudadano y, no se dude, con los aportes que moralmente le corresponden a los ciudadanos, ya que no-solo tienen derechos, sino, como en este caso, su correspondiente e insustituible deber. 

A modo conclusivo, estas cooperativas integradas por personas con capacidades y situaciones diferentes, deberán tener un trato discriminatorio positivo y de promoción, atento sus objetivos y finalidad, tanto en el ámbito  municipal, provincial, nacional e internacional, debiendo gozar, Vg.,  de los beneficios del articulo 29 y cc. de la Ley de Mutuales  20.331 y otros semejantes y complementarios. 

Pero, sin dudas, compete al Congreso de la Nación actuar con premura atento el grave deber de proveer lo conducente al desarrollo humano y, en consecuencia, debe legislar  sobre estas cooperativas en particular, asegurando su organización, funcionamiento, gestión y financiamiento, para no solo atender un derecho de la ciudadanía, sino confirmar su compromiso con la ética, la equidad,  la promoción humana decorosa, con el humanismo, es decir, más propia razón de ser.

Será al fin y al cabo,  nada más que traducir y expandir derechos y garantías constitucionales, en concretas y efectivas  capacidades, (A. SEN).

Finalmente,  estas cooperativas, eficientemente gestionadas,  lograrán  despertar y valorar la conciencia de la dignidad de cada uno de sus asociados activos, hacerles recuperar la autoestima,  disparar creatividades y claramente, descomprimir ciertos grados e índices sociales de violencia y anomia, constituyéndose en cauces ideales para energías tan sensibles y significativas a la vez, haciendo con ello una contribución inconmensurable a la comunidad, de múltiples impactos positivos, pero esencialmente, asegurando que entre nosotros, los argentinos, la convivencia social se basa en la solidaridad, igualdad de trato y de oportunidades y que,  por eso mismo, todas las provincias argentinas valorizan constitucionalmente a las cooperativas y mutuales,  atento su eficacia para mejorar las condiciones de vida de las personas,  neutral y democráticamente, sin intermediarios ni fines de lucro.

p. Roberto F. Bertossi[1]